El Gobierno lleva al Constitucional la ley que impide ser diputado y alcalde

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno para recurrir al Tribunal Constitucional la Ley Electoral andaluza que considera incompatibles los cargos de alcalde y diputado. Once alcaldes del PP que van en las candidaturas en puestos de salida, entre ellos los cabeza de lista de cinco provincias, no tendrán que renunciar a ninguno de sus cargos una vez celebradas las elecciones. Si es admitido a trámite el recurso, el alto tribunal suspenderá la ley andaluza hasta que se pronuncie sobre si es constitucional o no. Para ello tendrá un plazo de cinco meses, según explica el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros. El tema no fue abordado en la rueda de prensa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que explica los acuerdos del Gobierno.

La reforma de la Ley electoral andaluza, aprobada el pasado mes de diciembre, considera incompatibles con el cargo de diputado los de alcalde, presidentes de diputaciones y de mancomunidades. La norma fue aprobada con el voto del PSOE, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Izquierda Unida se abstuvo y el PP votó en contra. Este partido consideró la reforma una estrategia para dejar fuera del Parlamento a los alcaldes de este partido, que en la legislatura que acaba llegaron a sumar 17. También una manera de impedir que fueran gancho electoral en las autonómicas, después de que el PP ganara por primera vez las municipales y se hiciera con las alcaldías de todas las capitales y de la mayoría de las ciudades grandes y medias.

Once alcaldes

Como respuesta, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, decidió colocar a once alcaldes en las listas, cinco de ellos encabezando las candidaturas de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Huelva, desafiando de esta forma la ley electoral. Con el recurso del Gobierno, el líder del PP gana el pulso al PSOE en plena carrera electoral. Si bien todavía queda que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

El recurso era de esperar, después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen en el que considera que hay fundamentos jurídicos suficientes de inconstitucionalidad de la ley. El dictamen, conocido el pasado miércoles, considera inconstitucional que se niegue el sufragio pasivo a los alcaldes y discriminatorio respecto a otros cargos que sí pueden ser diputados.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, mostró el jueves su «alegría» por el dictamen. El líder del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, consideró incongruente que el Consejo de Estado aprecie inconstitucionalidad en la ley andaluza y no en la gallega, cuando esta establece como inelegibles a los alcaldes. En la andaluza solo son incompatibles. Pueden elegir entre el escaño del Parlamento o el sillón de las alcaldías. La ley gallega fue aprobada por el PP, siendo el desaparecido Manuel Fraga su inspirador.

Rebaja del IRPF

La decisión del Consejo de Ministros pilló al líder del PP-A presentando su programa electoral en Granada. La mayor parte del mismo es ya conocido. Resume lo que ha venido anunciando en la larga precampaña. Destaca su compromiso de bajar los impuestos, contrario a lo que el Gobierno de Rajoy viene haciendo. Arenas se compromete a una reforma fiscal «creíble y estable», centrada en una «selectiva reducción y supresión de impuestos».

Entre los compromisos destaca uno ya conocido, el de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, aunque lo hará de forma progresiva. También dice que rebajará el tramo autonómico del IRPF a las personas de rentas más bajas y de familias numerosas; habrá deducciones por conciliación de la vida familiar y compra o alquiler de vivienda habitual; y reducciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales.

El programa no incluye la supresión de impuestos como el de las bolsas de plástico, el canon del agua o la tasa a los bancos, aprobados por el Gobierno de Griñán hace dos años y que Arenas prometió eliminar si llegara a gobernar.

El texto de 135 páginas dividido en cinco bloques explica medidas ya anunciadas como la supresión de los actuales planes de Ordenación del Territorio y la elaboración de sendas normativas del suelo y de costas nuevas. También promete dejar las actuales 13 consejerías en 10 u 11; la reducción del 50% de cargos públicos y que el mandato de presidente de la Junta no se prolongue más de ocho años seguidos.