Sanz: «El fraude del Plan Bahía afecta al corazón del PSOE»

El PP registró ayer en el Parlamento una solicitud de celebración de pleno extraordinario para «exigir responsabilidades al Gobierno andaluz» sobre la gestión de ayudas concedidas al Plan Bahía Competitiva, según confirmó el secretario general de los populares en Andalucía, Antonio Sanz, en su habitual comparecencia de los lunes. Una petición que se produce tras conocerse que el exgerente de dicho Plan, Antonio Perales, había sido interrogado, en calidad de imputado, por la Policía la semana pasada, como ya informara este medio.

Sanz aseguró ayer que este asunto «lleva camino de convertirse en otro monumental escándalo por su similitud al de los ERE, y con las mismas vinculaciones directas al PSOE, unas vinculaciones que son como para echarse a temblar». El dirigente popular se refirió a que el fraude «afecta al puro corazón del PSOE, al clan de Alcalá de los Gazules y a la familia Perales».

Sanz ha anunciado además que en ese pleno parlamentario el PP preguntará si la Junta ha dado ayudas y en qué cantidad para que, mediante el Plan Bahía Competitiva, se recolocaran los trabajadores de la antigua Delphi.

También preguntará si la Junta «ha participado» en la concesión de algunas de estas ayudas, si esas ayudas las decidía la Consejería de Innovación, y si en contra de informes técnicos se han modificado los criterios para la concesión de estas ayudas. Esta es la base de la denuncia que ha presentado la Diputación de Cádiz, bajo el Gobierno del PP, ante la Fiscalía de Cádiz.

En este sentido, el dirigente popular se ha referido a la existencia de informes de técnicos del IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo de la Diputación) que alertaban de que algunas ayudas no podían concederse por falta de viabilidad financiera de las empresas de Ouviña, el industrial gallego que sigue en prisión por supuesta estafa y beneficiario de las ayudas que ya le ha reclamado Industria. Con tono irónico, Sanz ha recordado que el consejero Antonio Ávila ya afirmó en el Parlamento regional que la Junta nada tiene que ver con las ayudas a Bahía Competitiva.

Todos esos documentos forman parte de la denuncia formulada por el PP, en donde también se recoge que los técnicos del IEDT advirtieron que Ouviña iba a recibir el 32% de las ayudas previstas en el plan.

Sanz ha pedido que la Justicia debe «llegar hasta el final» para aclarar la responsabilidad del exgerente del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales Pizarro, y de su sobrina, Ofelia Perales, quien fue contratada por una de las empresas de Ouviña. También ha señalado que hay que aclarar la actuación de la Agencia IDEA y de la consejería de Economía, ya que «hay una investigación judicial abierta, pero la investigación policial ha sido parada por criterios políticos».