La jueza de los ERE pide información sobre Griñán cuando era consejero

La jueza que investiga el fraude en los ERE (expedientes de regulación de empleo), Mercedes Alaya, ha reclamado documentación a la Junta para saber si las ayudas a empresas concedidas por la Consejería de Empleo superiores a 1,2 millones de euros contaron con la autorización de José Antonio Griñán cuando fue consejero de Economía y Hacienda, y luego de su sucesora Carmen Martínez Aguayo. Alaya, en un auto firmado el pasado día 10 y hecho público ayer, se refiere «a operaciones de endeudamiento» en beneficio de 21 empresas investigadas por posibles ilegalidades relacionadas con una nueva vía de instrucción en el fraude de los ERE abierta en octubre.

El auto de 51 páginas, conocido a cinco días de las elecciones y fechado el día después de que Alfonso Guerra criticase a la magistrada por hacer coincidir sus actuaciones con el calendario electoral, es un poco confuso y responde a varias partes de la compleja investigación de los ERE.

Entre las peticiones choca la que hace al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, a los que pide documentación sobre el «plan para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza» solo por el hecho de que este plan se hizo en 2002 cuando gobernaba el PP. Este partido le ha remitido un escrito a la juez instándole a que pida dicha información al Gobierno central. «Debemos hacer constar al Juzgado el error padecido al confundir la Administración General del Estado con un partido político». La jueza investiga si se manipularon los datos de la vida laboral de los 796 prejubilados de la Faja Pirítica para cobrar las ayudas.

También solicita a la Junta que informe sobre la vida laboral y los incentivos concedidos a Minas Aguas Teñidas (Matsa), la empresa en la que trabajaba la hija de Manuel Chaves, caso ya archivado por la Justicia tanto por la vía penal como la administrativa. Dicha petición podría reabrir el caso.

La magistrada sustenta el auto en su sospecha de la concesión de ayudas ilícitas a empresas y a personas durante más de una década desde la Consejería de Empleo, aunque también ya avisó el pasado octubre de que después investigará las de otras consejerías. Sobre esta base, la magistrada responde a un escrito del PP de junio pasado sobre el asunto e incorpora parte de su exposición, en concreto la que señala a Griñán y a Martínez Aguayo como los titulares de Hacienda que deben autorizar ayudas iguales o mayores a 1,2 millones de la agencia IDEA o IFA antes de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, según asegura el PP lo dispone los estatutos de la entidad pública.

Copia compulsada

Por ello, la magistrada solicita copia compulsada de «las autorizaciones que consten del titular de la Consejería de Economía y Hacienda», previas a la aprobación del Consejo de Gobierno, y relativas a las «operaciones de endeudamiento» superiores a 1,2 millones de euros, «centrándose el requerimiento por ahora y sin perjuicio de lo que resulte la investigación, en la Consejería de Empleo». La jueza enumera las 21 sociedades que recibieron ayudas por encima de la cantidad citada, entre ellas Altadis, la Faja Pirítica de Huelva, Delphi, Pickman, Astilleros de Sevilla,Primayor, Dhul y Santana Motor. Muchas de ellas figuran entre las empresas con 'intrusos' o prejubilados falsos.

El Gobierno andaluz, en un comunicado ayer, matiza que la juez solicita información sobre el presidente en base a una «falsa premisa» del PP con el objetivo de dañar su imagen. Según la Junta, los estatutos de la agencia IDEA no consideran obligatoria la autorización del titular de Hacienda para la concesión de ayudas, aunque sí las operaciones de endeudamiento de la propia agencia.

El Ejecutivo de Griñán se adelantó a parte del auto sin dar cuenta de ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Su portavoz, Mar Moreno, anunció que la Junta remitió un informe al Juzgado de Alaya en el que se denunciaba una trama de empresas beneficiadas con subvenciones de la Junta concedidas de forma irregular. Moreno señaló que se trata de 18 empresas y de siete personas, sobre las que pide a la juez que las cite como imputadas.

En el auto conocido ayer, la magistrada responde que no ha lugar dicha citación hasta que concluya la investigación.