Sociedad

El Consistorio de Cádiz acusa a Monumentos Alavista de hacer «obras ilegales»

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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El teniente de alcaldesa de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, informó ayer de que el gerente de Monumentos Alavista, concesionaria del yacimiento de la Casa del Obispo, realizó obras ilegales sin permiso municipal, demostrando una «dejadez de sus obligaciones y del cumplimiento del pliego de condiciones de la concesión, puesto que la conservación y el mantenimiento de la Casa del Obispo es competencia suya».

En este sentido, es «incomprensible que Germán Garbarino califique como 'deplorable' el estado en el que se encuentra el yacimiento, cuando es suya la responsabilidad contractual de conservación y mantenimiento, tal y como refleja el pliego de condiciones por el que se le adjudicó y todos los pliegos de condiciones de este tipo de concesiones». Un pliego de condiciones que no le capacita ni «para hacer obras sin permisos ni para continuar con los trabajos de prospecciones arqueológicas».

Asimismo, calificó su actitud y su gestión como «negligente, ya que está haciendo caso omiso al pliego de concesión». A juicio del concejal de Contratación, resulta «curioso, cuanto menos huele mal, que esta persona convoque a la visita con los medios a los dos candidatos a la Alcaldía de la oposición actual, actuando de manera totalmente provocadora con respecto al equipo de gobierno».

Considera que esta «convocatoria es una estrategia totalmente electoralista que cualquier concesionario serio y preocupado por su explotación (el yacimiento de la Casa del Obispo) nunca hubiera utilizado». Máxime si se tiene en cuenta que, al parecer, manifestó que ningún técnico ni ningún político iba a pararle las obras en periodo electoral.

Fernández recordó que en junio de 2010 se trasladó por junta de gobierno local una propuesta relativa a «abrir expediente por incumplimiento contractual, relacionado con una negativa injustificada a ser inspeccionado por el Ayuntamiento, así como la indebida utilización de las instalaciones y demás elementos de propiedad municipal del yacimiento, además de destinar el inmueble o las instalaciones a fines distintos a los previstos en el pliego».