OFENSIVA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Independencia y respeto. Son las palabras más repetidas en los últimos días por el mundo judicial. Un clamor que ya se escuchó hace un año con el procesamiento de Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo o con la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y que ahora ha vuelto a resurgir con fuerza tras el fallo sobre Bildu. La decisión del alto tribunal de permitir la presencia de la coalición soberanista en las elecciones municipales ha recuperado los viejos estigmas que han perseguido al Poder Judicial desde los albores democráticos.

Una vez más, la eterna sospecha de parcialidad ha sido alimentada por la clase política, ávida de extender sus tentáculos allí donde prima el Derecho. Lo ha hecho de forma interesada, sin el pudor de quien tiene una responsabilidad social. Y al final, la que más pierde es la Justicia. Su imagen pública. La creencia de que la independencia judicial es solo un mito. Así lo considera un 40% de los españoles, según el barómetro de febrero del CIS

Harta de tantos vaivenes, la carrera judicial exige más alto que nunca respeto. Madurez democrática y altura de miras a la clase política (responsable última de la elección del órgano de gobierno de los jueces y del Constitucional) y mesura a los medios de comunicación. Un mensaje común que predica desde la cúpula judicial hasta las asociaciones profesionales y los jueces de trinchera, aquellos togados que bregan a diario en juzgados sobrepasados de papeles.

Todos coinciden en que la politización de la justicia es un fenómeno cada vez más presente en las grandes resoluciones. Un intento del legislador de controlar la división de poderes, lo que merma el Estado de Derecho. «Puede haber un déficit de cultura democrática y política, parece que no se acepta que las instituciones funcionen por sí solas», piensa el magistrado José Luis Ramírez, portavoz del colectivo Jueces para la Democracia.

Y es que la sentencia de Bildu ha superado todos los límites. Las presiones al Tribunal Constitucional antes de dictar el fallo; la amenaza del PNV de que rompería con el Gobierno en caso de que la coalición no pasara; las duras críticas del PP tras la sentencia o la intromisión de todo un presidente del Congreso -«me gusta más la sentencia del Supremo (que ilegalizó a Bildu) que la del Constitucional», dijo esta semana José Bono- son algunos detalles de este exceso.

Pero la cosa no acaba ahí. En medio del fragor político, se ha llegado a «desacreditar» a los magistrados que apoyaron la presencia de la coalición hasta un extremo desconocido: «Desde Madrid, con escolta y buen sueldo es muy fácil decir que Batasuna se presente y quedar como un demócrata mundial» (Esteban González Pons, vicesecretario de comunicación del PP). O anticipar el fallo sin disimulo: «Existe un claro impulso político para que Bildu no esté en las elecciones. PSOE y PP han acordado una estrategia que les hace responsables políticos de una decisión política» (Iñigo Urkullu, presidente del PNV).

Ante la virulencia de los ataques, el presidente del Constitucional, Pascual Sala, salió el pasado martes a la palestra para poner el grito en el cielo. «Cuestionar la independencia del alto tribunal es atentar contra lo más sagrado que tiene la función jurisdiccional. Se me pone la carne de gallina cuando se duda de un magistrado con frases generales», admitió Sala, que lleva 47 años en el oficio. Un día después, el presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Dívar, reclamó respeto para los tribunales.

Clamor judicial

Las resoluciones se pueden criticar, faltaría más, pero con unos límites, admiten los togados consultados. «Vemos una extralimitación en aquellas formaciones políticas y medios de comunicación que sistemáticamente cuestionan las instituciones cuando resuelven en un sentido que no les satisface. Esto demuestra que no reconocen la pluralidad ideológica de los sistemas democráticos», dice el juez Ramírez.

Su compañero Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura y presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, no tiene dudas tras escuchar los ataques al Constitucional. «Aquella persona que conozca que la sentencia deriva de órdenes políticas lo que debería de hacer es denunciarlo, presentar sus pruebas y si no, callarse».

Para el magistrado Javier Varona, del Foro Judicial Independiente, el enfrentamiento político a cuenta de Bildu tiene un gran perdedor: los órganos judiciales. «El legislador tienen la solución reformando la política de nombramientos del órganos de gobierno de los jueces. Sin embargo, prefieren mantener el estatus actual para controlar el Poder Judicial y el Constitucional». Precisamente, el Foro Judicial ha recurrido ante el Supremo los nombramientos «políticos» de los presidentes de los tribunales superiores de Valencia y Cataluña.

El clamor también se deja sentir en los juzgados ordinarios, hasta el punto de que se habla sin tapujos de «crisis institucional». «Se ha adoptado la táctica de desprestigiar al Poder Judicial en todas sus instancias, a fin de que sus resoluciones, cuando sean perjudiciales, aparezcan como carentes de legitimidad social y obra de resentidos o ignorantes», comenta el magistrado de Albacete Jaime Lozano. «Al poder político solo le interesa tener el control de los jueces para limitar su acción fiscalizadora», resume la magistrada de Baracaldo Cristina de Vicente.

La desafección política que se ha generado en la carrera se ha canalizado a través de un movimiento de apenas un año de vida. Se trata de la 'Plataforma por la despolitización y la independencia judicial'. Un colectivo sin adscripción ideológica ni asociativa que preside el juez decano de Valencia, Pedro Viguer. Ya cuenta con unos 1.500 firmantes de los 4.500 togados que componen la carrera judicial en España.

Viguer conoce bien de lo que habla. «Las críticas constantes, esa sospecha hacía distintos órganos judiciales, obedece a una falta de madurez en nuestro sistema judicial. No es buena la intervención política en los nombramientos, ya que provoca interferencias dialécticas (unos son conservadores y otros progresistas) y fácticas (las quinielas en la elección de cargos)».

Como todos los compañeros consultados, el juez decano es favorable a que primen los criterios de mérito y capacidad en los nombramientos. Con independencia de los avatares políticos, «necesitamos reivindicar nuestro trabajo, aupar la figura del juez» concluye Viguer.