«La clase política crea crispación y desasosiego»

En el Consejo General del Poder Judicial no pasan desapercibidos los ataques que ha recibido el Constitucional por la sentencia sobre Bildu. Su portavoz, Gabriela Bravo, denuncia el uso «interesado» que desde determinadas instancias se hace de los asuntos judiciales y censura la capacidad de la clase política para crear ambientes de «crispación y desasosiego».

-La sentencia sobre Bildu ha vuelto a colocar a la Justicia en la picota. ¿Considera que se ha entrado en una espiral peligrosa?

-El uso reprobable e interesado que desde determinadas instancias se hace de asuntos judiciales como este pone en tela de juicio la credibilidad del Supremo o del Constitucional, lo que debilita su imagen ante los ciudadanos. Y eso no es bueno para el sistema democrático, porque esos órganos son dos de sus principales garantes.

-¿A qué cree que obedecen estas presiones al alto tribunal?

-Deben responder quienes las ejercen. Hay que recordar que las decisiones judiciales no son actos de voluntad de los jueces, sino el resultado de la interpretación y aplicación del Derecho con el fin de administrar justicia desde la independencia e imparcialidad.

-¿Por qué la política tiene la virtud de influenciar en el Poder Judicial cuando le interesa?

-La clase política tiene la capacidad de crear ambientes de crispación y desasosiego, pero pese a ese clima apremiante y agobiante, Supremo y Constitucional han logrado resolver el 'caso Bildu' desde la más estricta aplicación del Derecho. Las apretadas votaciones en ambos órganos evidencian la complejidad jurídica del tema.

-¿Disponen los jueces de alguna herramienta para protegerse de estas presiones? ¿También los miembros del Constitucional?

-En lo que respecta al Poder Judicial, que no incluye al Constitucional, la Ley Orgánica prevé un instrumento para proteger a los jueces de posibles perturbaciones que atenten a su independencia. El reglamento aprobado en abril desarrolla de forma específica el procedimiento de amparo, porque consideramos que es un instrumento muy útil para salvaguardar la independencia judicial. No obstante, quiero añadir que la alta preparación jurídica de la mayoría de los jueces es su mejor protección.

-Existe unanimidad en la carrera judicial para acabar con la injerencia política a través de la elección directa del CGPJ por jueces y magistrados. ¿Le parece una buena solución?

-El Judicial es el tercer poder del Estado, su elección por el órgano que representa la soberanía nacional apuntala su legitimidad democrática. La mácula de la politización no nace con ese sistema de elección, sino con el retraso derivado de las negociaciones entre partidos cada vez que hay que acometer su renovación, que en demasiadas ocasiones se alargan en exceso y ofrecen una imagen de mercadeo contraproducente.