La Policía identifica a tres posibles bebés robados entre los 60 y los 80 en La Línea

Una ventana de esperanza se abre para las decenas de personas que han recurrido a la Justicia en la provincia para esclarecer unas sospechas que les atormentan desde hace años. Son padres, hermanos y otros familiares de bebés nacidos en la dictadura e incluso entrada ya la democracia, que oficialmente murieron tras nacer, pero que sus familias no hallan pruebas irrefutables de esas muertes. Durante años han sospechado que les robaron a los neonatos para entregarlos a otras personas. Si alguna vez los tacharon de locos, ahora puede que la verdad salga a flote.

Esa ventana de ilusión se ha abierto en el Campo de Gibraltar donde la Policía Nacional ha identificado a tres posibles bebés nacidos en La Línea, ahora adultos, que aún desconocen que podrían haber sido víctimas de una adopción irregular. Ese descubrimiento se encuadra dentro de las diligencias, pioneras en el país, que la Fiscalía del Campo de Gibraltar abrió en 2010 a partir de las primeras denuncias. Esas diligencias incluyen ya 25 casos de La Línea.

Entre esos afectados están las hermanas Flor y Cristina Díaz Carrasco, que fueron las primeras en ofrecer su testimonio a los medios. Hijas de andaluces emigrantes en Guipúzcoa, sospechan que su hermano no murió en 1967 en el hospital linense.

Ese dato revelador está dentro de la investigación policial que el fiscal jefe del Campo de Gibraltar, Juan Cisneros, ordenó en otoño que se iniciara en la Comisaría linense. El propio Cisneros confirmó ayer a este medio que el atestado que está elaborando la Policía no ha concluido ante el trabajo ingente que tienen ante sí los dos únicos agentes destinados a indagar entre archivos, pruebas de ADN y viejos legajos de abortos. Uno de esos policías, además, no ocupaba una plaza de destino y ha cambiado de comisaría.

Apertura de tumbas

Sin embargo, en un primer avance que ya le han enviado al fiscal, a petición suya, confirman la existencia de indicios de delito en los hechos que relatan las 25 familias. Una conclusión provisional que sirve al Ministerio Público para presentar en los próximos días la primera denuncia que la Fiscalía va a formalizar ante los juzgados de la provincia.

Por el contrario, los investigadores sí descartan que la posible sustracción de menores fuera obra de una trama organizada como apuesta la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). Entre otras razones porque los hechos denunciados se refieren a distintos años, entre los 60 y los 80, en los que estarían implicados profesionales sanitarios distintos.

Ya han concluido los seis meses de plazo máximo que tiene el fiscal para mantener abiertas unas diligencias previas. Cabe la posibilidad de que solicite una prórroga, pero Juan Cisneros aseguró que ya ha apartado esa opción y enviará una denuncia al partido judicial de La Línea. Además de los indicios de delito que apunta la Policía, la investigación va a entrar en una fase que requiere de la práctica de pruebas que necesitan de autorización judicial como la apertura de tumbas.

Esa denuncia pionera en la provincia no es la única que se tramita ya en sede judicial. El órgano de Instrucción nº3 de Algeciras ha recibido recientemente otra de una vecina de la localidad. Esa mujer se dirigió directamente a la Policía, que derivó su caso al juzgado.

Al otro lado de la provincia la investigación va unos cuantos pasos por detrás al haberse abierto más tarde las diligencias. Fuentes del Ministerio Público informaron que en la Fiscalía de Cádiz se tramitan 21 denuncias; algunas de las cuales ya están en manos de la Comisaría Provincial desde febrero.