El campo de la provincia pide al Gobierno que no lo deje morir

El campo se muere y se mueren los pueblos. Esa es la idea que ayer defendieron cientos de agricultores y ganaderos de la provincia que respondieron a una movilización que organizó Asaja Cádiz para protestar por la inacción del Gobierno central y autonómico. Unos precios de origen por las nubes y los altos costes de producción han terminado de ahogar a unos agricultores que ven a diario como sus hijos no quieren relevarlos porque han pasado de explotar económicamente sus tierras a aplicar una economía de subsistencia.

La protesta de Villamartín, que tuvo carácter provincial, no se llevó a cabo de manera aislada sino que se simultaneó con otras diez que se celebraron en todas las provincias andaluzas. Asaja Cádiz aquí optó por una pequeña marcha a pie por la carretera A-373, la Ubrique-Villamartín, desde las instalaciones de la Cooperativa hasta uno de los accesos a la localidad que acogió la protesta, donde cortaron el tráfico unos minutos y obsequiaron a los conductores perjudicados con naranjas del Guadiaro. En las otras provincias los agricultores decidieron por sacar los tractores a la calle, pero aquí ni siquiera quisieron cortar la A-384 asegurando que «demasiados problemas tienen los ciudadano como que para que encima les perjudiquemos».

Los «incumplimientos» de los gobiernos de Zapatero y Griñán se pusieron sobre la mesa, criticando Asaja que el Gobierno central prometió soluciones hace dos años que «han quedado en promesas, observatorios y acciones futuras que nunca terminan de concretarse», destacó el responsable de Asaja en Cádiz, Manuel Vázquez. Además, en el acto de protesta, que desarrolló entre las 10 y las 12 de la mañana, también se habló de la reforma de la Política Europea Comunitaria (PAC), planificada para el periodo 2014-2020.

Vázquez pidió al Gobierno que defienda sus intereses en esa negociación, aunque dudó de la valía de la ministra Rosa Aguilar para hacerlo, pero solicitó que no se defienda el criterio de subsidiariedad y que «el dinero que venga de Europa para los agricultores no pase por la Junta de Andalucía porque siempre se pierde algo en el camino y, además, no nos fiamos de los políticos que ya estamos viendo lo que hacían con las ayudas que venían de Europa». Además, también solicitan que Andalucía siga recibiendo el 30% de las ayudas de este tipo que llegan a España recordando que es en esta comunidad donde los agricultores han arriesgado para mantener esas ayudas.

Medidas

Entre las acciones que solicitaron al Gobierno se encuentra la de establecer un gasóleo profesional más asequible y controlar el precio de las materias primas ya que denuncian que sufren subidas «desproporcionadas e injustificadas» como la que este año han tenido que pagar en la Urea. También piden a las administraciones que intervengan en controlar los precios finales de los productos y lo que ellos reciben en origen, añadiendo Manuel Vázquez que «es inasumible que valga más barato un litro de leche en un supermercado que uno de agua, por lo que tienen que intervenir para defender los intereses de los ganaderos que lo están pasando canutas». Además añadió que «cuando se ataca a los intereses de los camperos se ataca a los pueblos porque el campo es quien realmente crea trabajo y riqueza en los pueblos de Andalucía».

Además de la del gasóleo profesional y el control de los precios, los agricultores y ganaderos piden planes de choque para aliviar la crisis del sector, el abaratamiento de las tarifa eléctricas, el mantenimiento del principio de preferencia comunitaria y congelación de nuevos acuerdos comerciales y medidas fiscales que no les obliguen a tributar cuando no tienen ingresos.

También solicitan a las diferentes administraciones una reducción de cargas y limitaciones medioambientales, la activación urgente del sistema de almacenamiento privado de aceite de oliva, una mayor simplificación normativa y menos burocracia en sus gestiones y el desarrollo de la Ley de la Dehesa y la modificación del Proyecto de Ley del Olivar, entre otras.