ANDALUCÍA

Sin humo por «imperativo legal»

La Junta autorizó ayer la reapertura del asador de Marbella tras las retirada de los carteles, aunque el local seguirá cerrado por vacaciones

MARBELLA. Actualizado: Guardar
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La imagen era impensable hace apenas una semana, cuando su declaración de intenciones poco antes de que le cerraran las puertas de forma preventiva era que pensaba «morir matando». El dueño del Asador Guadalmina, José Eugenio Arias-Camisón, se sentaba ayer, siete días después, a dar una rueda de prensa delante de un inmenso cartel en el que se podía leer 'Espacio sin humo. Prohibido fumar'. Eso sí, con una nota al pie -'Por imperativo legal'- para aclarar que acata la ley antitabaco después de más de 40 días de rebeldía pero no porque haya variado su postura frente a la norma. Al menos de puertas hacia fuera.

«Ya que al gobierno dictatorial socialista no le interesa el futuro de mis 16 empleados y yo solo puedo hacerme cargo económicamente de ellos durante un mes, para salvaguardar sus derechos y la debida asistencia a mi familia, he decidido aceptar por imperativo legal la ley antitabaco a pesar de su injusticia», señaló rodeado de sus trabajadores y arropado por un grupo de allegados. Fue su escudo para justificar una marcha atrás que tuvo un efecto inmediato. La visita de la inspectora de la Consejería de Salud, que certificó por la mañana que se habían retirado los carteles en los que se informaba de que se permitía fumar y también los ceniceros, precedió a la comunicación de que se le levantaba el precinto.

De momento no hará uso de la reapertura. La pospone al 10 de marzo para dar unas vacaciones «merecidas» a la plantilla. Mientras, anunció que seguirá su cruzada para tumbar la normativa. En una comparecencia en la que arremetió de nuevo contra la Junta y el Gobierno central y dijo haber sido víctima «el 10-F de un golpe de Estado», se mostró convencido de que ganará «la guerra».

«Contra quince millones de fumadores y 300.000 locales de hostelería no hay gobierno que pueda», advirtió Arias-Camisón, que anunció que seguirá adelante con las medidas legales contra la propuesta de sanción de 145.000 euros por parte de la Junta, para lo que ha contratado al bufete Choclán-Montalvo, que defiende a imputados en 'Gürtel' y 'Malaya'. «Rodarán cabezas legalmente», anotó.

Lo más inmediato en su agenda es la concentración del lunes frente al Ministerio del Interior. «No me pienso quedar callado, porque esto ha sido un atropello», sentenció. Ayer tampoco lo hizo.