Impunidad chavista

La constatación judicial de que los presuntos miembros de ETA, Atristain y Besance recientemente detenidos, habrían recibido un curso de adiestramiento en territorio venezolano durante los meses de julio y agosto de 2008 a cargo de una persona, Arturo Cubillas, sobre la que desde hace siete meses pesa una orden internacional de detención, obliga al Gobierno español no solo a continuar pidiendo explicaciones al respecto, sino sobre todo a exigir que la República Bolivariana de Venezuela deje de servir, por activa o por pasiva, como retaguardia para el terrorismo etarra. Resulta sarcástico e inadmisible que el embajador de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez, manifestase ayer dudas sobre el carácter «totalmente voluntario» de las declaraciones de los mencionados detenidos, después de que su presidente, Hugo Chávez, desacreditara el testimonio de los dos «criminales sanguinarios» por estar «desprovistos de calidad humana y moral». Se trata de un juego cínico y perverso, por el que las autoridades venezolanas eluden toda responsabilidad sobre la estancia de un grupo más o menos activo de hombres y mujeres relacionados con ETA en su país, convirtiéndola en factor de tensión y en baza de eventual trueque con España. La propia naturaleza del terrorismo etarra no precisaría de tales desplazamientos para realizar prácticas de tiro si al otro lado del Atlántico no encontrase un entorno seguro y atrayente. Algo a lo que contribuiría el confuso espacio intermedio que se extiende entre la actuación del Estado venezolano y la actividad que desarrollan las bases militantes del chavismo. Se trata de un problema que el Ejecutivo español debe acotar de inmediato, aun a sabiendas de que el régimen de Chávez seguirá apurando las posibilidades de su descarado doble juego. Un doble juego que, lejos de atenuarse, tiende a afianzarse cada vez que el Gobierno español opta por evitar la denuncia internacional de lo que ocurre con la reserva etarra en Venezuela. No se trata de un reducto que, por sí mismo, pueda asegurar la perpetuación de la amenaza terrorista. Pero todo parece indicar que pudiera ser suficientemente importante como para alentar el inmovilismo entre las filas de los huidos de la Justicia y para procurar relevos puntuales en la operatividad del terror.