El difícil encaje de las empresas públicas

El Ejecutivo de Griñán ha asumido con disciplina el decreto de Zapatero. Pero ha marcado alguna diferencia. La Junta ha incluido en el tijeretazo a las nóminas de junio a todos los sueldos procedentes de la administración pública, es decir, no sólo a los funcionarios y laborales de esta, sino también a los contratados por las empresas públicas y a los docentes de la concertada. Ambos tienen difícil encaje en el decreto gubernamental. De hecho, el Gobierno central los ha excluido, pero la Junta entiende que sería injusto que el «sacrificio» recayera en unos y en otros no. Una decisión comprensible, pero con dificultad añadida. Son sueldos que dependen de convenios colectivos y mesas de negociación, es decir, del acuerdo con los sindicatos. Estos ya han dicho que irán a los tribunales, pero también a ellos se les ha planteado un difícil papel. La Junta ya ha advertido que cortará el grifo de las transferencias para gasto de personal. Si no hay reducción de sueldos, la única opción es el despido de los contratos más precarios. Los sindicatos tendrán que elegir entre despidos o rebaja de sueldos. No parece que la Junta vaya a ceder.