Editorial

Austeridad municipal

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El Real Decreto Ley de medidas antidéficit que entra hoy en vigor impedirá a los ayuntamientos pedir créditos a largo plazo hasta 2012 para garantizar la contribución de las entidades locales a la reducción del déficit que lastra la economía española. El plan de austeridad lanzado por el Gobierno posibilitará indirectamente afrontar la asignatura pendiente de sanear la economía de muchos ayuntamientos que durante la época de bonanza se lanzaron a una carrera de gasto y endeudamiento desmesurado que con la crisis se ha transformado en una rémora que paraliza su actividad normal; y les ha convertido en los principales morosos de las administradores públicas. Aunque es cierto que junto a municipios endeudados al límite como el de Madrid, otros han mantenido sus cuentas en porcentajes moderados y disponen de un cierto margen de maniobra, la aplicación de las medidas debería sustentarse en una unidad de criterios a nivel nacional que impida abrir la vía a una negativa discriminación municipal. El recurso a vías alternativas de financiación ofrecerá, sin embargo, a los municipios más dinámicos y mejor gobernados la oportunidad de demostrar su capacidad gestora resolviendo las necesidades de la administración local sin recurrir al fácil mecanismo crediticio.