Francisco Camps, algo más que trajes

¿Cohecho impropio o algo más? La Fiscalía Anticorrupción y el instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, esperan conocer el fallo completo del Tribunal Supremo que ordena reabrir la 'causa de los trajes' contra Francisco Camps para decidir qué hacen con los tres informes que apuntan a la financiación ilegal del PP valenciano, detectan irregularidades contables de la formación y en la adjudicación de contratos a empresas de la trama de Francisco Correa.

Pedreira ya tienen sobre su mesa los nombres de varios aforados de la Comunidad Valenciana y es consciente de que habrá más identidades en cuanto la Generalitat remita la relación de los altos cargos de 17 departamentos del Gobierno autonómico que contrataron en 85 ocasiones con las empresas 'Gürtel'.

Aunque el Supremo en su fallo limite la reapertura del caso al asunto de los regalos con los que Álvaro Pérez, 'El Bigotes' agasajó a Camps y a otros tres ex altos cargos de su gobierno y del PP de la Comunidad Valenciana, la Fiscalía Anticorrupción tiene la intención de pedir al instructor valenciano, José Flors, que incorpore a la causa los documentos de la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria sobre las supuestas irregularidades en esa comunidad.

Pese a que Flors rechace ahora ampliar la investigación -'motu propio' o por las limitaciones que marque el Supremo- y abra juicio sólo por los trajes, «antes o después» Pedreira deberá enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la investigación que implica a aforados, según confirmaron fuentes judiciales.

Las pruebas se acumulan. Durante nueve meses y medio el instructor del Tribunal Superior de Madrid ha recibido y encargado informes sobre las operaciones de las empresas de Correa en Valencia. No sólo a la Policía, también a Hacienda y a la Intervención del Estado.

En el sumario constan requisitorias relacionadas con la trama en esa comunidad al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España y al Consejo General del Notariado, muchas de las cuales aún no han sido resueltas. Pedreira, debido al aforamiento, no ha podido ordenar investigaciones específicas sobre algunas personas bajo sospecha, pero en varios informes aparecen nombres comprometedores.

Al margen de los trajes, encima en el sumario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay dos investigaciones paralelas en marcha relacionadas con Valencia: una sobre la supuesta financiación irregular del PP en esa comunidad y otra sobre los contratos adjudicados a firmas de la trama corrupta.

Cuentas

En la primera, la de las cuentas internas del partido, todas las indagaciones parten del informe que la Unidad Contra la Delicuencia Económica y Fiscal elaboró el 31 de julio y en el que, por primera vez, se hablaba de «financiación irregular» en la formación y de supuestas trampas contables cercanas a los 6,3 millones de euros. Tras meses de espera, Pedreira tiene desde la pasada semana un segundo atestado, en este caso de la Agencia Tributaria, que apunta en la misma dirección.

Hacienda sostiene que el PP en Valencia escondió 2,5 millones euros al fisco y que pudo financiarse de manera ilícita a través de «donaciones» no declaradas de empresarios afines que patrocinaron actos electorales gracias a 'Orange Market', la filial del 'holding' de Francisco Correa que dirige Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

El juez del tronco central del 'caso Gürtel' espera que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude amplíe este primer informe, ya que, por ahora, los inspectores apenas han analizado en profundidad un año, 1997, y una empresa, 'Orange Market'.

El apartado de las supuestas adjudicaciones irregulares descansa en la investigación de la Intervención General del Estado, que el pasado 13 de abril reveló que la Generalitat Valenciana adjudicó más de 7,2 millones de euros en contratos a la trama entre 2004 y 2009.

Según la Oficina de Auxilio Judicial, al menos 14 de los 85 contratos localizados fueron a todas luces irregulares y la inmensa mayoría de los expedientes, 76, fueron tramitados como «contratos menores», con un coste inferior a los 12.000 euros, para soslayar así el concurso público con la competencia de otras firmas.