La seguridad, una prioridad del Gobierno

La Policía y la Guardia Civil son el mejor instrumento con que contamos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos y libertades. Ésta no es una afirmación gratuita. Así lo creemos y así se ha demostrado a los largo de estos últimos seis años. El PSOE ha hecho una apuesta clara por la seguridad de los ciudadanos, los cuerpos de seguridad han respondido con una labor excelente y fuera de toda duda y los ciudadanos así lo han entendido y lo valoran en toda su magnitud. Y ¿cómo lo hemos hecho? Mejorando la formación de los funcionarios, dándoles mejores medios y, por supuesto, aumentando las plantillas.

Contar con una adecuada política de seguridad nos está permitiendo reducir las tasas de criminalidad, incrementar el número de casos que se esclarecen y aumentar el número de personas detenidas implicadas en esos delitos. Y por si esto fuera poco, hemos conseguido, por vez primera, que una serie de delitos que, hace no mucho tiempo estaban en un segundo plano, recibieran toda la atención que merecen. Me refiero a los delitos relacionados con la violencia de género, la pornografía infantil y la corrupción.

En este contexto, no está de más recordar que cuando gobernó el PP la seguridad no era una prioridad política. En sus ocho años al frente del país redujeron la inversión en seguridad en términos de Producto Interior Bruto de un 0,63% a un 0,49%; se perdieron 10.000 policías y guardia civiles que quitaron de las calles y de las comisarías. Ocho años que no puedo calificar más que como un tiempo perdido en materia de seguridad. Todos recordamos aquellas afirmaciones célebres, de algunos dirigentes del PP, como aquella que decía: «quien quiera seguridad que se la pague». Esa fue la política de seguridad de la derecha: menos presupuestos, menos medios y menos plantilla. Consecuencia, un aumento de la criminalidad. La peor época de la delincuencia en nuestro país, el periodo en el que se cometieron más delitos y hubo menos policías en las calles, fue cuando Mariano Rajoy fue Ministro del Interior.

La provincia de Cádiz no fue una excepción. Su situación era bastante complicada en materia de seguridad; teníamos un servicio público deteriorado, escasas plantillas, en muchos lugares desmotivadas, con problemas de representatividad... Nos pusimos manos a la obra para arreglar la situación y contar con un servicio de seguridad pública bien organizado y bien dirigido. El resultado es que hoy nuestra provincia cuenta con 663 policías más en activo que en enero de 2004, cuando gobernaba el PP, o que cuenta con un Catálogo de Puestos de Trabajo ampliado en 582 puestos más y una ocupación del 88%, nueve puntos más que con el anterior gobierno.

El PP no puede poner en cuestión algo que es incuestionable. Pero a falta de argumentos ha iniciado una campaña de desprestigio hacia el Ministerio del Interior. Irresponsablemente, intentan confundir a los ciudadanos afirmando que el Ministro y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mienten, que manipulan los datos y que ahora vivimos más inseguros que antes. Por eso es necesario explicarlo con rigor.

Recurrir a la manipulación es cosa habitual en los dirigentes populares. He escuchado a algún diputado del PP decir que los datos de delitos que da la Fiscalía no se corresponden con los del Ministerio del Interior y por tanto éste manipula sus datos. Rubalcaba ha explicado en el Parlamento, en más de una ocasión, que no es posible realizar tal comparación. Pero no les voy a citar al actual ministro. Quedémonos mejor con las palabras de Mayor Oreja en su etapa presidiendo el mismo Ministerio: «La aproximación de estos datos es imposible porque se están comparando cifras sobres cuestiones y sobre parámetros diferentes». Su afirmación era correcta. Las cifras no son comparables. Pero les pongo un ejemplo: si una ciudadana va al hospital porque se ha caído y tiene golpes visibles, es posible que el médico piense que ha sido agredida. En ese instante se iniciará una actuación judicial que va a la fiscalía. Una vez comprobado que la ciudadana, sencillamente, ha tenido un accidente, la actuación quedará archivada y constará como un hecho delictivo investigado por la fiscalía. Pero no aparecerá en los archivos de la Policía.

Es habitual oír decir a los diputados del PP que el Ministro del Interior guarda celoso la información sobre delincuencia. Totalmente falso. La transparencia no se puede basar en juicios de valor, sino en hechos. Hechos concretos y objetivos son, por ejemplo, que en ocho años de gobierno del PP hubo tres ministros de Interior y que sólo uno compareció en el Congreso para hablar sobre criminalidad. Y lo hizo sin dar cuenta exhaustiva de los datos. También es objetivo del todo que no había estadísticas sistematizadas, ni bases de datos compartidas. Y hechos son, finalmente, las diversas comparecencias del ministro Rubalcaba, de su predecesor José Antonio Alonso, o del Secretario de Estado de Seguridad, que sí comparecen habitualmente para dar a conocer la evolución de la delincuencia y ofrecer los informes a los grupos parlamentarios. Es, precisamente, gracias al empeño del ministro Rubalcaba que contamos con una estadística fiable, que tenemos un órgano concreto, el GESI (Gabinete de Estudios de la Seguridad Interior) que dirige y gestiona un sistema informático donde se incorporan todos los datos sobre criminalidad que manejan los Cuerpos de Seguridad. En definitiva, lo que hace el Gobierno es trasladar a los ciudadanos una muy nítida radiografía de la realidad criminológica que permita mejorar, todavía más, su labor en materia de seguridad.

Es obvio que los dirigentes del PP han diseñado una estrategia para desprestigiar al Gobierno, incluso a costa de desprestigiar también a los Cuerpos de Seguridad o a la Justicia. Consiste en que cuando las decisiones que toman unos u otros les son favorables, su discurso cambia radicalmente y dicen que la Policía o la Justicia ha hecho muy bien su trabajo. Eso sí, cuando estas decisiones les son adversas, cargan con una violencia inusitada contra cualquier funcionario que esté haciendo su trabajo, acusándole de trabajar para el Gobierno. Tengo la impresión de que no aprenderán jamás. Y creo, además, que los ciudadanos lo saben. De hecho, cuando gobernaron, el 30% de los ciudadanos consideraban la seguridad como el principal problema de España. Hoy ese porcentaje no llega al 10%. En definitiva, su estrategia, por mucho que se empeñen, ha fracasado y no tiene posibilidad de éxito en el futuro.

El Ministro Rubalcaba no tiene que argumentar, y no lo hace, para defenderse de las acusaciones del PP. No lo necesita. A él le basta con trabajar y aportar los resultados de su labor, que descansa en unos Cuerpos de Seguridad modernos, eficaces y comprometidos, como él, con el bienestar de los ciudadanos. Y éstos lo saben.