Las «normas» de Juan Pedro Galán

Imagínese un negocio familiar con una boyante cuenta de resultados, y cuyos integrantes tienen repartidas distintas funciones o divisiones empresariales con un único fin: aumentar los beneficios de la estirpe. Pues traslade esa organización al mundo del sexo pagado y a los burdeles enmascarados detrás de licencias de hoteles y ponga al frente de ellos a la familia Galán. Ésa es la primera lectura que ha hecho el juez del nº 5 de Chiclana tras interrogar a los quince detenidos y dictar prisión sin fianza para siete de ellos. Pero el instructor del 'caso Toscana' añade a esa imagen de negocio familiar el matiz delictivo de que existen indicios de que se beneficiaban de los servicios sexuales que prestaban las prostitutas y que ejercían con ellas «un trato coactivo».

Este periódico ha tenido acceso a uno de los quince autos que dictó el sábado por la noche. Se trata del documento donde se ordena el ingreso en prisión sin fianza de Juan Pedro Galán, otrora promesa del toreo y según el instructor la persona responsable de los castigos que se imponían a las chicas, a partir de las pruebas recabadas hasta la fecha por la Guardia Civil. Dicho material probatorio se basa principalmente en el contenido de las conversaciones que le fueron grabadas a los implicados y en el testimonio de cuatro prostitutas, que ahora tienen la consideración de testigos protegidos en el procedimiento.

En el auto judicial se resumen cuáles podrían ser las funciones que tendría Juan Pedro Galán al frente de una asociación ilícita que sería el entramado que estaría detrás de la cadena hotelera Galantería. «De las medidas enunciadas, es director partícipe el señor Galán Naranjo, que es, en la mayoría de los casos el que las impone como norma». Entre esas directrices que fueron apuntadas por las testigos y recogidas en el auto aparecen que las chicas debían avisar para abrir la cancela o la puerta de los hoteles; algo que también fue confirmado, «de forma totalmente inesperada y rotunda», por otro de los imputados en el caso, el administrador de los Galán José Luis T. F.

Las videocámaras conectadas mediante circuito cerrado que hay en el interior de las salas son para el juez «otra forma de coartar la libertad de las mujeres», que se veían abocadas a multas por no cumplir con las directrices del entramado.

El torero se configura, según los primeros indicios, como el contable de los seis clubes de alterne que tiene la familia -cinco en Cádiz y un sexto en Estepona- y quien estaba más al tanto del día a día en los distintos hoteles. Su trabajo diario también se evidencia porque tenía despacho y armarios propios en todos los locales. El juez indica que recibía diariamente partes en donde se relataba el resultado de la noche: con el número de clientes, copas consumidas y mujeres que estaban disponibles. «Es conocedor de los traslados de unas mujeres de un club a otro, y no duda en establecer correctivos respecto a las mujeres que no bajan a sala, a las que controla su horario de trabajo».

A la hora de imponer las sanciones, la organización mostraba su estructura jerárquica: los encargados de los clubes -cuatro de ellos están en prisión- eran los que materializaban los castigos aprobados por la cúpula. Una dirección que corría a cargo de Juan Galán y su hijo ejercía de mano derecha. Para el instructor Juan Pedro Galán estaba en el peldaño inmediatamente inferior a su progenitor en cuanto a capacidad de decisión y de toma de decisiones en el negocio.

Pinchazos telefónicos

Junto al control de lo que hacían las chicas de los burdeles, el juez ve indicios de que el torero también participaba en la captación del personal que a su vez debía encargarse de engordar la nómina de prostitutas de los clubes. En ese trabajo de reclutamiento, el instructor deja entrever en qué nivel podrían moverse los implicados ya que relata cómo uno de los detenidos, Reinaldo A. T., hacía esa labor de contacto con las prostitutas «a gran escala». La defensa de la familia da una explicación completamente distinta y critica que los pinchazos telefónicos «han dado lugar a conversaciones sacadas de contexto». Según declararon ante el juez los contactos que se hicieron buscaban contratar bailarinas y tuvieron un tono muy informal.

En cuanto a los castigos, Juan Pedro Galán no se salió de la línea previsible en su declaración y aclaró que sólo se le reclamaba el importe de la habitación a aquellas mujeres que no bajaban a alternar con los clientes. Y su abogado presentó el testimonio de tres mujeres que quisieron declarar a favor de su cliente y que llegaron a decir que podían ganar al mes más de 6.000 euros.

A través de la jurisprudencia que existe hasta la fecha en cuanto al delito de explotación sexual, el juez explica que dentro de esta actividad delictiva se incluyen las coacciones que sufren las prostitutas a manos de terceros, aunque éstas quieran ejercer libremente esa profesión. Y que esas presiones «no necesariamente han de traducirse en lesiones corporales de la víctima».

Esta explicación no es baladí, ya que la Guardia Civil no ha encontrado indicios de que las mujeres fueran agredidas ni las testigos han reconocido algún tipo de maltrato físico. Algo que ha esgrimido la defensa de los Galán para hacer ver que las prostitutas no estaban siendo explotadas; algo que cuestiona tanto el juez como la Guardia Civil.