El CGPJ suspenderá cuatro meses al juez del 'caso Blesa'

El juez del llamado ‘caso Blesa’, Elpidio José Silva, será suspendido de empleo y sueldo cuatro meses, además de tener que pagar una multa de 600 euros. Así lo acordará el próximo día 25 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de su Comisión Disciplinaria, que se reunió este martes para resolver el expediente abierto en abril al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

El órgano de gobierno de la judicatura le considera autor de dos faltas muy graves y otra grave. Esta última se refiere a una «desconsideración» hacia la fiscal asignada a su juzgado, a quien dio un trato «despreciativo y dictatorial» durante una guardia que ambos tuvieron el pasado 8 de marzo. En cuanto a las otras dos, de un lado, se le acusa de firmar hasta 73 sentencias condenatorias en juicios de faltas sin fundamentarlas y, de otro, se estima que reincidió en esta actitud de «desidia y pasividad» pese a los reproches continuados de la Audiencia Provincial.

Este es el cuarto expediente disciplinario que se abre a Silva –el instructor describe otras actuaciones profesionales anómalas en su resolución–, si bien las sanciones impuestas en dos de ellos fueron anuladas por el Tribunal Supremo debido a la tardanza del CGPJ. Precisamente ante el alto tribunal presentó también este martes una querella el colectivo ‘Manos Limpias’ contra el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, por presunta prevaricación administrativas y presiones (hablan incluso de “atentados constantes contra su integridad profesional”) al juez del ‘caso Blesa’, así como de revelación de secretos continuada (por el expediente abierto).

A su vez, dentro de este cruce de actuaciones –el expedientado se querelló también contra el instructor de su caso, pero el Supremo archivó su denuncia- la Fiscalía de Madrid tiene abiertas unas diligencias sobre los controvertidos métodos de actuación profesional del juez Silva que, en el caso de confirmarse los indicios que las motivaron, podrían conducir a una querella también por un posible delito de prevaricación. La misma medida la están valorando los abogados de Miguel Blesa, que se apoya para ello en varias resoluciones de la Audiencia Provincial que consideran que sus fundamentos para encarcelar al expresidente de Caja Madrid –tanto por los créditos concedidos a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, cmo por la compra de un banco en Flórida- fueron “endebles”.