Luz roja en nueve autonomías por la reforma sanitaria

Hace tres meses, los inmigrantes ilegales dejaron de tener una tarjeta sanitaria que cubriera sus necesidades. Solo los embarazos, parto y postparto; los menores y los casos de urgencia por enfermedad grave o accidentes están excluidos del polémico real decreto que cambio la atención sanitaria en España. Un tiempo que ha servido a Médicos del Mundo para analizar cómo se ha aplicado la nueva normativa en las diferentes comunidades. Y el resultado no puede ser más dispar.

La ONG ha usado un semáforo para calificar a los gobiernos autonómicos mediante un exhaustivo informe. El rojo se ha aplicado a aquellas que aplican a rajatabla el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012. Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid y Murcia estarían en este grupo. La ONG ha denunciado que algunas autonomías incluso han ido más allá de lo que marca el real decreto en materia de vulneración de derechos y denuncia que han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia. En Castilla-La Mancha, Médicos del Mundo denuncia la falta de coordinación regional. Esta comunidad, junto a Aragón, Baleares y Madrid son los lugares donde más casos y de más gravedad se han recogido. Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico, pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo.

El color amarillo está destinado a aquellas comunidades las comunidades que aplican la norma pero que han articulado un procedimiento de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos. Sería el caso de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra. Y el verde se otorga a Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi por rechazar el real decreto, llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo- y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia a este colectivo en todas las circunstancias.

Además de denunciar esta situación que no se atiendan a los inmigrantes, la ONG ha criticado la disparidad de criterios en todas las comunidades. Así, denuncia que algunos gobiernos autonómicos “empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo” de este año, cuando la norma no había entrado en vigor. En este descontrol también ha denunciado que no todas las comunidades han desarrollado de forma administrativa. Mientras unos se caracterizan por detallas procedimientos complejos, otros solo dan afirmaciones vagas. Este desbarajuste también se traslada a los centros de salud, que no saben cómo tratar a estos pacientes.

Amplio abanico de historias de exclusión

La recopilación de Médicos del Mundo refleja un amplio abanico de "historias de exclusión" en las doce comunidades en las que tiene presencia. Es el caso, por ejemplo, de Amadou, un guineano sin tarjeta sanitaria, que fue atendido en urgencias en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza de una insuficiencia renal y que, a pesar de necesitar diálisis tres veces por semana, se le hizo firmar un compromiso de pago.

En Tenerife se denegó la atención a Mercedes, una mujer embarazada de 22 años, con diabetes, por encontrarse en situación administrativa irregular. La primera ecografía no se le realiza hasta las 20 semanas.

Otro ejemplo es el de Fátima, una mujer marroquí, residente en Castilla-La Mancha, que no puede acudir a su médico para recibir tratamiento y seguimiento de la cirugía de extirpación de mama a la que fue sometida tras detectarle un carcinoma. Está en situación irregular y sin tarjeta sanitaria, aunque sí está empadronada.