El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Ciencia con la intención de convertir el conocimiento en riqueza

El Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma con la que se pretende que España se consolide entre los países con mayor producción científica del mundo y mejorar la capacidad española para que el conocimiento se transforme en "innovación, riqueza y progreso", según ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también ha acordado la remisión de este texto a las Cortes Generales para su debate.

La ley, que sustituirá a la anterior de 1986, adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales del país, al desarrollo del sistema autonómico y a la adhesión a la UE, ha destacado el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Fuentes del Gobierno han señalado que en los próximos días el texto llegará al Congreso, donde se abrirá la negociación parlamentaria en torno a la ley, la cual podría entrar en vigor a principios de 2011. Desde que el pasado 12 de marzo se aprobara el anteproyecto de esta ley en Consejo de Ministros, se han incorporado sugerencias de los distintos agentes implicados en la investigación, si bien no se trata de modificaciones sustanciales, según las mismas fuentes.

El departamento que dirige Cristina Garmendia ha subrayado los cambios que se han registrado durante los últimos quince años: un mayor número de investigadores (seis veces más que en 1986) y más fondos dedicados a la I+D+i (catorce veces más que en 1986). El texto incluye sugerencias de la comunidad científica, universitaria y de los agentes sociales, porque la voluntad del Gobierno es "aprobarla con el mayor consenso posible".

Carrera basada en el mérito

La ley de ciencia diseña una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, con el objetivo de retener y atraer talento científico, e incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D. Recoge también la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que según el Ministerio "muy pocos países contemplan", y reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

La nueva ley contribuirá a crear un sistema de I+D "más eficiente y eficaz" con la creación de una Agencia de financiación, según el Ejecutivo, que cree que este organismo dotará de mayor autonomía, flexibilidad y agilidad a la actividad científica y garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

Además, establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, e incluye para ello instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica.

Reaccioens

Para el portavoz del PP en la Comisión de Ciencia del Congreso, Gabriel Elorriaga, el consenso "es posible y, sobre todo, deseable" y ha añadido que, si bien no tiene el texto último, "a lo que conocemos le falta concreción".

Desde CiU, Imma Riera, ha afirmado que la ley debe contribuir de "manera clara a mejorar" la competitividad de la economía. En este sentido, ha dicho que su partido "sólo dará apoyo" al texto si cumple algunos objetivos, entre ellos cubrir "el déficit" en transferencia de conocimiento y si "respeta escrupulosamente" las competencias de las comunidades autónomas.

Para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "se trata de una norma importante con la que España va a mejorar su capacidad para que el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso", y para el PSOE es fundamental para acelerar el desarrollo económico sostenible e innovación.

El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rafael Rodrigo, quien ve posible el consenso en torno a la ley, ha declarado que la ciencia es cuestión de Estado y ha apuntado que el texto tiene un "equilibrio suficiente" para satisfacer los requisitos de ciencia, administración y actores sociales.

CCOO y UGT, aunque no conocen el último texto, han valorado la eliminación de las becas y han criticado que no se incluya su petición de que esta ley afecte no sólo al personal investigador, sino al conjunto, incluido el personal de gestión.