El veterinario de la perrera de Puerto Real admite que usó Mioflex en los sacrificios

Si era o no idónea la forma de sacrificar a los animales en la antigua perrera El Refugio de Puerto Real, si los responsables de la empresa eran conscientes de los métodos que se estaban aplicando sobre los canes y si a éstos se les provocaba una muerte «lenta y agónica» por asfixia. Esas son las cuestiones que se tendrán que dilucidar en el juicio que ha arrancado este miércoles en Cádiz y que sienta en el banquillo de los acusados a un veterinario, el responsable de este centro de recogida de animales y una administrativa -que según los denunciantes hacía las veces de directora-. La vista se celebra sin uno de los dos veterinarios que trabajaban en la perrera en el momento de la denuncia, ya que no ha podido ser localizado, aunque en la misma sala uno de los abogados ha precisado que se encuentra en Fuerteventura.

El Ministerio Fiscal pide para todos ellos una pena de un año de prisión por un supuesto delito de maltrato animal continuado, porque, según mantiene, fueron sacrificados de forma «indiscriminada» con un medicamento, Mioflex, un poderoso paralizante muscular, que les provocaba una «gran agonía» antes de morir. Las acusaciones particulares, la protectora El Refugio que denunció los hechos, y la pareja italiana cuyos animales, como aseguran, fueron víctimas del caso, solicitan para los procesados un año y medio de prisión. Por su parte las defensas piden la libre absolución de sus representados.

En el arranque del juicio, que se ha alargado durante toda la mañana, se ha podido escuchar la versión de dos de los acusados. Uno de ellos, el veterinario que trabajó en el centro de 2004 a febrero de 2007, ha admitido que sí utilizó durante una época el medicamento cuestionado, el Mioflex. Según matizó, lo usó una vez que en la perrera instalaron una incineradora propia para evitar el 'rigor mortis' de los animales y que así se pudieran introducir en el horno crematorio más fácilmente.

Como insistió a preguntas de las partes, inoculaba de manera subcutánea este relajante muscular a los canes pero «siempre» después de un analgésico previo, tiobarbital (que en dosis altas puede funcionar como eutanásico), y cuando el perro «había perdido la inconsciencia», aunque todavía mantenía el riego, ya que el flujo sanguíneo permitía el mejor reparto en el organismo de dicho relajante muscular, como concretó. Según añadió, «nunca» lo usó como un eutanásico y siempre se lo inyectaba en el período de 20 ó 30 segundos en los que tardaba en morir el can, desde que le había suministrado el citado tiobarbital.

En cuanto si fue él mismo quien le dio al otro veterinario investigado en la causa las instrucciones de que siguiera este mismo procedimiento, no ha sabido precisarlo destacando que los hechos que se juzgan se remontan a hace nueve años. Sin embargo, sí se mostró muy seguro con respecto al número de animales que llegaron a sacrificar en la perrera denunciada.

Como explicó, «el primer objetivo» de la empresa era la donación de los canes que les llegaban y, pasado un tiempo legal, si éstos no eran adoptados se procedía al sacrificio, como así estaba regulado y autorizado. En este sentido, negó que la cifra que manejan acusación y denunciantes de más de 500 animales en un año, se ajuste a la realidad. «Nunca vi ese volumen de sacrificio. Especialmente en 2006 bajaron porque se donaban muchos». Con respecto a este asunto, declaró que la mayoría de los animales que se incineraban en las instalaciones venían de los ayuntamientos ya que ofrecían este servicio a distintos municipios y calculó que a la semana se le practicaba la eutanasia a 6 ó 7, «unos 20 al mes».

También respondió al respecto del estado y cuidado de las instalaciones. Según manifestó, éstas «eran buenas», matizando que al tratarse de un centro de recogida de animales de forma «puntual» pudo producirse el hacinamiento en las jaulas. Como precisó, se limpiaba tres veces al día con agua a presión, y sí se separaban los animales sanos de los que llegaban enfermos o enfermaban una vez allí. Sobre si era él como veterinario quien llevaba el registro de los animales que se trataban en la perrera, indicó que ayudaba en esas funciones administrativas pero que sólo avisaba cuando había que darles de baja en un registro general que había.

«Me daban las recetas y los pedía»

Por su parte, la otra acusada que declaró, aseguró que a pesar de que se le señala como directora del centro, sus funciones contractuales eran la de administrativa. Aún así, reconoció que daba instrucciones a trabajadores, hacía registros de entrada y salida de animales y también pedidos, aunque éstos, siempre según le indicaban los veterinarios. «Ellos me daban las recetas, yo los pedía».

La trabajadora que estuvo empleada en la perrera desde los años 90 hasta el decreto de cierre en 2007 afirmó que en todo ese tiempo nadie le habló de un «medicamento comprometido», a pesar de que la fiscal le recordó que durante la instrucción se habló de una reunión entre los procesados en la que se trató el tema del controvertido Mioflex. La acusada dijo no recordarlo. Además negó que se le advirtiera de que había perros en mala situación. A este respecto, aseguró que las instalaciones estaban limpias y que al centro acudían inspectores de manera habitual, además del Seprona y excursiones escolares. La procesada afirmó que la responsabilidad sobre el estado de la perrera recaía en el biólogo.

«Me siento indignada. Me están culpando de algo que yo no he hecho», afirmó entre sollozos al terminar su declaración.

La vista se retomará el próximo día 17 con la declaración del otro de los acusados, el propietario de la perrera, y los testigos.