SUCESOS

Los familiares del soldado del Tercio de Armada fallecido en Malí reclaman una indemnización

Antonio Carrero, que fue ascendido a cabo a título póstumo, perdió la vida en un accidente de tráfico en el país africano donde participaba en la misión europea de entrenamiento al ejército del país africano

Imagen de archivo de la llegada del cadáver de Antonio Carrero Jiménez a la Base Naval de Rota. Antonio Vázquez

Verónica Sánchez

Los familiares del soldado de Infantería de Marina Antonio Carrero, fallecido en Malí el 18 de mayo de 2018 reclaman una indemnización de 150.000 euros a la aseguradora del vehículo Lince propiedad del Ejército de Tierra en el que viajaba el militar.

Así lo ha dado a conocer el bufete de abogados Osuna, que ha interpuesto la demanda. Aunque en ningún momento este bufete ha hecho público el nombre del militar, este se infiere de la narración del suceso realizada por el despacho de abogados.

Cabe recordar que el soldado Antonio Carrero, de 27 años y natural de Dos Hermanas (Sevilla), destinado en el Segundo Batallón de Desembarco del Tercio de Armada, participaba en la misión de la Unión Europea EUTM Mal i. Durante una patrulla, al paso de un autobús, el Iveco Lince en el que ocupaba la posición de tirador y que iba el último de un convoy de nueve vehículos, volcaba a unos 40 kilómetros al sur de Sevare, en el centro del país.

Narra la demanda que «en ese trayecto, en torno a las 6.30 horas, cuando atravesaban la provincia de Mopti, por la carretera nacional, el vehículo sufrió un accidente de tráfic o, cuando al no caber por la calzada los dos vehículos que se cruzaban en sentidos contrarios, se salió de la carretera por el lado derecho de su sentido de circulación, y al tratar de volver a la misma, el conductor perdió el control del vehículo al chocar la rueda trasera con el desnivel existente entre la calzada y la cuneta, por lo que el vehículo volcó y atravesó la carretera dando una vuelta de campana, quedando finalmente volcado en la cuneta, fuera de la calzada, por el lado izquierdo de su sentido de circulación». Como consecuencia de ello, se produjo el fallecimiento del soldado Antonio Carrero , «por politraumatismo, treinta minutos después del accidente».

«El vehículo propiedad del Ejército de Tierra quedó destrozado a resultas del accidente , en estado inservible, y se presume que habrá sido declarado siniestro total, desconociendo esta parte los acuerdos alcanzados al respecto entre aseguradora y Ministerio de Defensa», recoge la demanda.

Demanda a la aseguradora

El Ejército de Tierra, sigue el documento, «tiene asegurada la responsabilidad civil derivada de los hechos de la circulación del vehículo con la compañía AIG Europe Limited , mediante un seguro colectivo». Pero dicha aseguradora no ha indemnizado a la familia del fallecido porque «sostiene que la culpa de lo ocurrido fue del autobús del país africano». «El problema es que el autobús no tiene seguro, porque Malí es uno de los países más pobres del mundo y, además, sufre el problema del terrorismo», explica a este periódico el abogado Fernando Osuna. Además, «la responsabilidad es del Ejército de Tierra, porque el soldado iba en un vehículo blindado en una torreta como tirador y estaba en una misión», detalla el abogado. «Lo cierto es que no hay colisión ni identificación de tercero alguna. Tal alegación por parte del seguro tiene por objeto tratar de imposibilitar a los perjudicados la reclamación , en cuanto es imposible demandar a un seguro desconocido en un país con estructuras judiciales arcaicas como Mali», detalla la demanda.

El bufete Osuna asegura que, según se infiere de la póliza del veículo, ante un siniestro, es aplicable la legislación española y que, según la legislación, «corresponde al tribunal del domicilio del asegurado, que en este caso es Cádiz, como se acredita con certificado de empadronamiento».

Por lo tanto, la familia del soldado Carrero ha demandado «en reclamación de indemnización de daños y perjuicios , contra una entidad aseguradora europea, con sucursal en España». Demanda en la que reclama a AIG Europe Limited una indemnización de 150.000 euros.

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