Vivienda

El problema de la vivienda estalla en San Juan de Dios

Nace la Plataforma por una vivienda digna, con más de una decena de familias en exclusión social, bajo el lema ‘Ni casa sin gente ni gente sin casa’

Familias que cada acuden a las puertas del Ayuntamiento reclamando una vivienda digna. Francis Jiménez

Almudena del Campo

Cuatro meses después de tomar posesión como alcalde de la ciudad y cuatro años más tarde de llegar por primera vez a la Alcaldía de Cádiz, a José María González Santos ‘Kichi’ le ha surgido un nuevo problema en San Juan de Dios.

Más de una decena de familias gaditanas se han constituido como plataforma y reivindican cada día a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz su derecho a una vivienda digna . Con problemas y circunstancias diferentes, estas familias tienen un denominador común: el problema para acceder a la vivienda.

Reclaman una solución al Consistorio gaditano como administración más cercana aunque también elevan su protesta a la Junta de Andalucía , al considerar que ambas administraciones tienen las herramientas para poder solucionar sus problemas.

Muchos de ellos están a punto de ser desahuciados; otros acuden a sus familiares más cercanos pero otros ya no tienen donde ir y afirman estar «en la calle» , sin que ni el alcalde ni sus concejales escuchen sus peticiones.

Estudiando caso a caso

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se confirma que se está estudiando cada caso de manera individual y que se está en vías de solución aunque estas familias, hartas de que les den «largas» , han decidido asentarse a las puertas del Ayuntamiento y recoger firmas de los ciudadanos para presentarlas en el próximo pleno del mes de noviembre.

Asimismo, han creado la Plataforma por una vivienda digna , con el lema ‘Ni casa sin gente ni gente sin casa’ , que han dado a conocer a través de las redes sociales asegurado que «cada vez tenemos a más gente que se está integrando en ella porque en Cádiz hay muchos problemas de vivienda y familias que están a punto de quedarse en la calle », afirma Esther, madre de un hijo de cinco años que en unos meses puede verse en la calle y que ha sido afectada por el retraso en los pagos de la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Cádiz.

Un problema que también sufre David Schneider, una padre de familia con cuatro hijos a su cargo que asegura estar «desesperado» y que se verá obligado a dejar la casa en la que vive en la calle Pasquín.

Junto a ellos, Miguel Ángel Mulero, que afirma que está desahuciado desde el mes de marzo y ahora «estoy en la calle y solo tengo la ayuda de mi ex mujer, que me acoge porque sabe lo que estoy pasando». Ha solicitado, junto a otros miembros de esta plataforma, como es el caso de Juani, una habitación para alojarse de manera temporal en el clínica de San Rafael , pero no se la conceden. Esta última, que también fue desahuciada hace unos meses, está a la espera de un piso y busca una solución para su familia. Es hija de Carmen, que será desalojada el próximo mes de diciembre y a la que, al parecer, el Ayuntamiento ya le está buscando una solución.

Todos se quejan de la falta de respuestas del equipo de Gobierno y cada pleno acuden para tomar la palabra en el turno de intervenciones ciudadanas.

La plataforma por una vivienda digna ha elaborado un decálogo con sus reivindicaciones. Por un lado, piden el inmediato y drástico incremento del gasto público en la construcción o puesta en el mercado de vivienda protegida, preferiblemente de promoción pública, en ayudas directas al alquiler y viviendas de alquiler social de forma que se garantice el acceso a una vivienda digna. Asimismo, el aumento de la presión fiscal para los propietarios de viviendas secundarias y, sobre todo, vacías.

Limitar el alquiler vacacional

En tercer lugar, la prohibición de la creación de nuevas viviendas de alquiler vacacional o estudiantil limitando éstas a una cantidad determinada por el número de habitantes, viviendas y metros de los distintos barrios.

Como cuarta reivindicación, el control exhaustivo de las viviendas de alquiler vacacional o estudiantil que obren sin los permisos legales y sus posibles sanciones económicas. Asimismo, un Plan de emergencia real y efectivo a todas las familias en riesgo de exclusión.

Como exigencia número seis está la supervisión por un conjunto de personal especializado para determinar la necesidad de cada familia en cuestión , sin que esto dependa de un solo trabajador y bajo unos criterios objetivos y demostrables, evitando así la sospecha de amiguismo o tratos de favor e incluso ambos.

A continuación piden el cambio en los baremos de PROCASA para la adjudicación de viviendas a familias necesitadas y, por otra parte, que sean publicadas la adjudicación de viviendas municipales, así como de la Junta de Andalucía. Aseguran que, en el caso de que no fuese posible por la protección de datos «que al menos se informe de manera oficial a todos los partidos que compongan el arco plenario en el momento de la entrega».

En noveno lugar que sea publicado en la página de transparencia del Ayuntamiento el listado de viviendas municipales del que PROCASA es el administrador único, así como las viviendas propiedad de la Junta y que del mismo modo son administradores.

Por último, que la plataforma sea informada de cuantas gestiones relativas a la vivienda de alquiler social sean aprobadas en el Ayuntamiento.

Para estas familias «Ya que no nos dejan soñar, nosotros no les vamos a dejar dormir» .

Firmas para que Valcárcel se destine a familias sin hogar

Mientras el futuro del edificio de Valcárcel está en el centro del debate político y es objeto de enfrentamiento entre administraciones; la plataforma por una vivienda digna plantea la posibilidad de que se convierta en una alternativa habitacional de todas las familias que se han visto o se verán afectadas por desahucios.

Así, han habilitado una recogida de firmas en change.org en la que piden que Valcárcel sea un edificio monitorizado a modo de transición para familias con necesidades habitacionales y sin posibilidades de conseguir una vivienda.

En opinión de esta plataforma, « Valcárcel es un suelo de todos y no es en modo alguno necesario el establecimiento en el mismo de una universidad que solo traería consigo la aparición de nuevos alquileres para estudiantes, de nuevo en detrimento de los cada vez mas necesitados habitantes de Cadiz».

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