El PP avisa de que el suministro vital de agua se supedita a la autorización del propietario

Los tres consejeros del Partido Popular en el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz votaron ayer tarde a favor de la aprobación del procedimiento para el Suministro Mínimo Vital de manera condicionada a que se elimine de dicho procedimiento la obligación quese exige a los inquilinos de contar con autorización del arrendatario para solicitar el SMV en caso de no ser titular del contrato.

El procedimiento aprobado ayer contempla una serie de condiciones para aquellos ciudadanos que quieran solicitar acogerse al SMV y que –a criterio del consejero y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní- vienen a poner trabas a las familias sin recursos de la ciudad. Romaní señaló que la obligatoriedad para un inquilino que no puede pagar el agua a contar con la autorización del propietario «es un disparate».

Lo peor de esta condición, según Romaní, es que se establecen excepcionalidades a criterio de Servicios Sociales, un extremo que alarma a los populares porque, explican «sabiendo quien es la supuesta experta en Servicios Sociales que está en el Equipo de Gobierno cuánto menos quede a criterios subjetivos mejor. Tenemos experiencias muy inquietantes con las excepcionalidades de esta concejala, trabajadora de Servicios Sociales cuando según la Audiencia se cambió algún criterio por parte de alguna responsable técnica en las adjudicaciones de viviendas».

El procedimiento también recoge en ese apartado 9 de Criterios Generales de Acceso que esa excepcionalidad que se permite para que el inquilino no tenga que presentar autorización del dueño no podrá alegarse si el arrendador ya hubiere iniciado procedimiento de desahucio. En este punto Romaní considera este hecho como una premonición porque significa que «dejarán tirados a los desahuciados». «¿Qué propietario que ha iniciado un desahucio va a firmarle al inquilino una autorización para que le den una ayuda para pagar el agua?», ha dicho.

El consejero popular ha definido el SMV que se aprobó este martes como «un paso atrás en la atención a las familias» y ha indicado que el voto a favor del Partido Popular «está condicionado a que, tal y como se comprometieron en el consejo, se revisen esas condiciones y se garantice el pago total de la factura de agua a las familias sin recursos, tal y como se hacía antes, y no solo los conceptos subvencionables».

Los populares lamentan tener constancia de que «hay usuarios de servicios sociales a los que se les ha reducido las ayudas sustancialmente y que cada vez se les ponen más pegas para el abono de facturas de los suministros básicos», y critican la actitud del gobierno local de Podemos «que venden como la panacea el derecho universal de acceso al agua» cuando es «una medida que viene a empeorar el sistema que estaba implantado en Cádiz».