El ordenanza: «Se fue contento, le habíamos 'quitao' tres meses»

Los seguimientos al ordenanza implicado en la trama descubierta en la Jefatura Provincial de Tráfico dieron las pistas más sólidas a los agentes de la Guardia Civil que han dedicado dos años en sacar a la luz lo que parecía ser un secreto a voces: los chanchullos que se traían entre manos funcionarios y personal laboral de esa oficina dependiente de la DGT. LA VOZ viene publicando en los últimos días el contenido de las diligencias 110/2013 que instruye el juzgado nº 4 de Cádiz. Este material habla de cómo se pudieron vender exámenes de conducir a aspirantes a cambio de 1.200 euros; del presunto cobro de comisiones ilegales por parte de determinados funcionarios por realizar trámites y gestiones a asesorías y particulares que eludían así el pago de las tasas oficiales. Las pesquisas también se encontraron, dentro de este rosario de irregularidades, cómo se habrían descafeinado sanciones a conocidos de la trama que acudían a estos trabajadores de la Jefatura para conseguir alguna ventaja, siempre a cambio de dinero o regalos, según la investigación policial.

Nuevamente, como ocurriera con el supuesto negocio de venta de exámenes del carné, una conversación grabada a uno de los principales imputados en el caso, Ángel P. P., evidencia que se manipulaban las sanciones impuestas por los agentes de la autoridad como favor a un conocido a cambio de una tarifa 'extra'.

El pasado 11 de febrero, la Guardia Civil grababa el contenido de una llamada telefónica que recibía el ordenanza en su móvil particular. Un hombre al que él llamaba Andrés le agradecía que hubiera ayudado a su hijo. El favor consistió en reducir la sanción que le habían impuesto. «Le arreglastes eso al chaval ¿no?» Ángel P. P. le responde que sí, que ya ha hablado con él: «Él se fue contento, le habíamos 'quitao' tres meses». El agradecido padre fue muy explícito acerca del estado de ánimo del sancionado antes de que intercedieran por él: «Un boquete en el culo tenía». El detenido aclara en su respuesta en qué consistió el apaño: «Los niños no ven eso y después se dan cuenta. No más que cachondeo, y ahora le ha 'pasao' lo que le ha 'pasao', que estaba trabajando. 'Po' menos mal que de seis meses se ha 'quedao' en tres».

Una botellita de regalito

Las diligencias a las que ha tenido acceso este periódico no se detienen en el dinero que llegaron a ganar presuntamente los miembros de la trama. Hay que recordar que de los nueve funcionarios arrestados el pasado mes de mayo, las pruebas recabadas por los funcionarios policiales se dirigen sobre todo contra tres de ellos: el citado ordenanza, cuyas conversaciones han supuesto un filón de oro para los investigadores; un jefe de sección y un funcionario destinado en los terminales de atención al público. El resto se vio envuelto en la operación porque sus nombres aparecían en alguna conversación o desde sus ordenadores se realizaron operaciones sospechosas como transferencias de vehículos de particulares realizadas fuera del horario de atención a los usuarios.

En la conversación grabada en febrero entre Ángel P. P. y su amigo Andrés, éste le dice que le va a dar «un regalito» por el favor prestado y que se lo va a llevar su hijo. Aunque en un primer momento, el ordenanza se negó a recibir contraprestación alguna por los servicios prestados («a mi Andrés basta que sea amigacho tuyo»), después le sugiere un presente concreto y de un valor determinado: «Dinero no, pero una botellita que supone 20 euros o cualquier cosilla». Su amigo le responde que «claro, no dinero no. Un detallito bueno». Un empleado de la Jefatura, testigo en el caso, aseguró a los agentes que los trabajadores públicos implicados cobraban entre 15 y 20 euros por cada gestión.

A lo largo de la conversación, el imputado revela a su amigo que el pago en dinero por servicios prestados bajo cuerda en la Jefatura Provincial son una práctica habitual entre algunos y que esto se produce cuando el 'cliente' de la trama no es un allegado o familiar: «Hombre otra cosa es que no sea 'allegao' y entonces se le haya que hincar los dientes porque también hay personas que están allí, que yo no trabajo directamente».

Aunque a lo largo de la investigación, el ordenanza se revela como una pieza clave en los chanchullos. No dejaba de ser un intermediario en la trama demantelada por la Guardia Civil. No tenía acceso a terminales conectados con las bases de datos que ofrecen la información solicitada por los usuarios que recurrían a este atajo para evitar las colas y el pago de las tasas oficiales. Por eso, dependía de los funcionarios para que le hicieran las gestiones. Así, aparece de forma reitera en las conversaciones grabadas cómo le dice al amigo o cliente de turno que le llamaba interesándose por el estado de alguna tramitación encargada, que debía esperar a hablar con su colaborador: «el que me mira esto», afirma en algunos diálogos que consta en las diligencias.

Regresando de nuevo a uno de los pinchazos que los investigadores destacan una y otra vez en sus informes remitidos a la jueza, el ordenanza vuelve a hacer mención a las trampas en los exámenes de conducir: Ante «cualquier problema de exámenes o algo, siempre hay uno por detrás que también pone la mano, que quiere mangar». El diálogo concluye con la afirmación insistente del amigo del empleado de Tráfico que le reitera que su hijo «le va a dar un detallito».

Fuentes directas del caso confirmaron que se espera que tras levantarse el secreto de sumario en verano, la jueza instructora comience a resolver las peticiones de archivo de las actuaciones que han presentado gran parte de las defensas. Algunos de los letrados consultados por este periódico confirmaron que esperan que el procedimiento se siga finalmente contra el núcleo central del caso, los tres funcionarios sobre los que pesan la mayoría de las pruebas incriminatorias y los empleados de asesorías que contactaban, en algunos casos, casi a diario con los funcionarios implicados.

Ésta otra pata del asunto, los clientes profesionales que hacían numerosas consultas sobre el estado de vehículos, transferencias, documentación de gestiones y otro tipo de datos habrían burlado continuamente el pago de tasas y, por ende, habrían menoscabado la recaudación de dinero público a través de esta vía.