El PP airea un nuevo caso de fraude en las subvenciones en política de empleo

La Consejería de Empleo está de nuevo bajo sospecha. La gestión realizada por la Junta de Andalucía de las subvenciones que recibió para el fomento del empleo en Cádiz entre 2009 y 2010 ha destapado la caja de los truenos. La Administración regional no ha justificado todavía dónde se ha gastado los 23 millones de euros que destinó esos años el Gobierno de la Nación, entonces en manos de Rodríguez Zapatero, al denominado Plan Integral del Empleo de la Bahía de Cádiz. Este dinero procede de las transferencias del Estado a la comunidad autónoma para políticas de formación y fomento laboral. Un primer informe del Tribunal de Cuentas de enero de 2011 ha levantado la liebre destacando en sus conclusiones que no hay constancia ni del destino del dinero y tampoco de las consecuencias de su posible inversión. Es decir, el Tribunal ignora dónde se ha empleado e ignora también quienes han sido sus destinatarios.

El Gobierno de la Nación, ahora en manos del PP, ha seguido con el procedimiento legal para depurar responsabilidades y exigir el reembolso íntegro de la aportacion inicial, ya que no tiene constancia ni justificación de su destino. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha reclamado a la Junta la devolución de 5,4 millones de euros por la vía ejecutiva correspondientes a 2009. El Ministerio ha advertido que se han cumplido todos los plazos legales para justificar el destino de esta subvención y ya solo queda su devolución. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, y la responsable de Empleo del grupo parlamentario del PP, Teresa Ruiz-Sillero, han denunciado esta mañana en Cádiz que los informes contables demuestran que ese dinero no se ha destinado a políticas de empleo.

Sanz ha destacado que el peligro corre ahora sobre los 18 millones de euros de 2010 que siguen sin justificar. En este sentido ha denunciado que si la Junta no explica dónde ha destinado esa cantidad “también se reclamará su devolución”. La dirección provincial del PP ha tachado de “caradura, desvergüenza, desfachatez en irresponsabilidad” la actitud de los socialistas gaditanos al reclamar por escrito el pasado lunes ante la Subdelegación del Gobierno de Cádiz más políticas activas de empleo para la provincia.

Según el PP, la aportación del Estado al plan de empleo de la Bahía se ha gastado sin justificar y no, precisamente, en los proyectos de fomento del empleo anunciados por la propia Junta de Andalucía. El presidente provincial del PP considera que Cádiz no se puede permitir este descrédito y tampoco la devolución del dinero por una mala gestión.

En este sentido, el responsable de los populares en la provincia ha pedido la comparecencia urgente del consejero de empleo, Antonio Ávila, en el Parlamento, al tiempo que exigido dimisiones por “despilfarro”. Tanto Sanz como Ruiz-Sillero han destacado que nos encontramos en un caso de corrupción similar al fiasco de los ERE falsos.

La responsable de Empleo del PP en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, ha informado además de que la situación es aún más graves, ya que la Cámara de Cuentas también ha mostrado sus sospechas contables en relación al dinero anunciado y reservado en 2009 para el fomento del empleo en la provincia de Cádiz. Según los presupuestos de la comunidad autónoma de aquel año, el Gobierno de Griñán destinaba 420 millones de euros a políticas laborales. En total 25.377 expedientes para desarrollar mejoras y reinserción laboral. La conclusión, no es otra, que solo se ha gastado un 7%, equivalente a 41 millones de euros, lo que demuestra, según el PP, que las políticas de empleo anunciadas por el PSOE son una mentira”.

El informe de la Cámara de Cuentas es “demoledor” sobre la gestión de ese dinero en Cádiz,ya que destaca como se adjudicaba con absoluta arbitrariedad. Además, esta institución pone de manifiesto como los objetivos de los planes anunciados no se cumplían, ya que las escuelas taller, por ejemplo, no lograban la reinserción laboral de los alumnos. La Cámara de Cuentas, al igual que el Tribunal de Cuentas en las aportaciones del Estado a los planes laborales de la Junta, incide también en que no se justifican los gastos.

El informe de la Cámara de Cuentas lamenta que en 2009 no se hayan corregido los errores detectados en 2004. Uno de los casos más curiosos que detecta el informe cameral está relacionado con el sindicato UGT, que recibe 1,9 millones de euros de la Junta y no se aclara su motivo.

Tanto Sanz como Ruiz-Sillero han denunciado que el dinero de empleo destinado a la provincia de Cádiz no se ha ejecutado o, por el contrario, se ha destinado a otros fines. En opinión del presidente provincial del Pp se trata de un nuevo fraude en empleo.