Salgado abre los plazos de la reforma

El Gobierno está firmemente decidido a impulsar el retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, pero cada vez son más los miembros del Gabinete que asumen que su aplicación «está abierta» y que, incluso, puede ir vinculada a las características de los sectores productivos. El domingo fue el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien aseguró que los pasos para el cambio no están definidos. Ayer le correspondió a la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado, reconocer que el cómo y el cuándo de la demora son cuestiones a negociar, pese a que ella misma señaló -en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 29- que la reforma concluiría en 2025.

«Esta propuesta [el retraso de la jubilación] puede ser matizada en el sentido de que no todos los trabajos tienen la misma penosidad», explicó Salgado ante las cámaras de Televisión Española. «No es igual, tal vez, jubilarse en un puesto administrativo que en un puesto de un sector o de unas características especiales. Todo esto son posibilidades de negociación que tenemos abiertas», insistió. Y, otra cuestión «importante» -a su juicio- es que «la graduación de esa prolongación [de la vida laboral]» también «está sobre la mesa».

Salgado, al igual que Corbacho el día anterior, intentó vestir la propuesta como un acto de valor por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que «mira a largo plazo». Resaltó que el Gobierno podría haber esperado a plantear el retraso de la jubilación, y que si lo ha hecho ahora es por un ejercicio de «responsabilidad», ajeno a la crisis, para que el Parlamento a través de la comisión del Pacto de Toledo (acuerdo de los grupos políticos suscrito en 1995) pueda adoptar medidas. En este sentido, subrayó que fue la propia Cámara la que instó al Gobierno a redactar y presentar una propuesta.

Sobre las críticas sindicales que ya ha generado el propósito del Ejecutivo, la vicepresidenta respondió que CC OO y UGT discrepan en muchas ocasiones de los proyectos de Rodríguez Zapatero y reiteró que la propuesta elaborada es para la discusión y el debate, sobre la que «es posible trabajar». El objetivo es «ganar consensos», alegó.

Estrategia sindical

Mientras tanto, CC OO y UGT planifican su estrategia. El secretario general de la central socialista, Cándido Méndez, no ve claro el consenso político, dado que ningún grupo comparte el proyecto del Ejecutivo, según declaró a Telecinco. «Normalmente, este tipo de propuestas son líneas generales que requieren el acuerdo parlamentario para su aplicación y eficacia, condición que no parece que se vaya a verificar», dijo. Para Méndez, el problema de España es la edad real de jubilación, que se queda en 63 años y 10 meses. En su opinión, lo que el país necesita son iniciativas que alarguen la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral hasta los 65 años.

Por su parte, el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo ha convocado un primer acto de protesta para el jueves. Consistirá en una asamblea de delegados madrileños de CC OO en la que intervendrá el secretario general para exponer su criterio contrario a la demora de la edad de jubilación.

Fuentes sindicales informaron de que la negociación con las patronales CEOE y CEPYME sobre el pacto-guía para encauzar los convenios colectivos de 2010 y años siguientes no se ha visto afectada por el conflicto sobre las pensiones.

Los contactos prosiguen, si bien las partes han dejado para el final el capítulo de las remuneraciones económicas, el más conflictivo. CC OO y UGT ofrecen una horquilla para la subida salarial del 1% al 2%. En un principio, las organizaciones empresariales plantearon un incremento del 0,3%. La pretensión de sindicatos y patronales es dejar «hilvanado» el acuerdo esta semana. Posteriormente, cada interlocutor llevará el texto redactado a sus órganos de dirección y si el documento recibe el visto bueno, los cuatro procederán a la firma. Todos son conscientes de que un pacto-guía para la negociación colectiva tiene que suscribirse a principios de año. De lo contrario, no tendría sentido, una vez que en 2009 fue imposible el entendimiento y los convenios se abordaron sin referencia.

Además, ahora urge acabar esta negociación porque empuja el diálogo social tripartito, con la reforma laboral. El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del próximo viernes su propuesta sobre los cambios a aplicar en el mercado de trabajo, documento cuya presentación ha sido pospuesta quince días a petición de los agentes sociales.