Informes de la Inspección de Trabajo que responsabilizan al Consistorio.
Jerez

La Inspección de Trabajo también culpa al Ayuntamiento de la situación de Cojetusa

Dos informes de este organismo responsabilizan al Consistorio del «desaguisado financiero»

JEREZ. Actualizado: Guardar
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A estas alturas ya no se le escapa a nadie en Jerez que los problemas de la empresa del servicio de autobuses urbanos, Cojetusa, tienen más que ver con la abultadísima deuda que el Ayuntamiento mantiene con la concesionaria que con problemas de conflictividad laboral entre dirección y plantilla. No en vano, hasta la propia dirección de la compañía, que durante años ha mantenido un discreto silencio pese a los impagos por parte del Consistorio, ha saltado a la palestra en los últimos meses para reconocer que no es la culpable de la situación y que la crisis interna es consecuencia directa de que la deuda municipal aumente día a día.

La evidencia es pasmosa, tanto que ya ni siquiera desde las administraciones pueden mirar a otro lado. Eso ocurre, sin ir más lejos, con dos informes que la Inspección de Trabajo redactó en respuesta a sendas denuncias del comité de empresa -una en junio y otra en agosto- tras no haber cobrado las nóminas y los anticipos para las vacaciones, y en los que el funcionario encargado no duda en afirmar en sus conclusiones que «el Ayuntamiento es el único responsable del desaguisado financiero que padece la empresa».

Estos escritos que han podido leer todos los miembros de la plantilla, ya que están colocados en tablones informativos en las instalaciones de la concesionaria, explican que además de las oportunas visitas del inspector a la sede de Cojetusa -la última el pasado 3 de noviembre- también se han mantenido reuniones tanto con la dirección como con el comité en las que la compañía alegó, entre otras cosas, que «el adeudo del Ayuntamiento asciende a 23.800.000 euros, poniendo en peligro el devenir financiero de la propia empresa».

En esta tesitura, la Inspección no puede menos que concluir que aunque existe un incumplimiento por parte de la compañía, y por ello levanta acta de infracción, la responsabilidad última del impago de las nóminas es del Ayuntamiento.

Para ser justos, hay que recordar que esta penosa situación no es nueva ni surge en los últimos meses, sino que lo que ha ocurrido este año de crisis generalizada es que se ha agravado una situación fruto de la herencia de muchos años de impagos millonarios.

Claro que a los trabajadores, con la amenaza de otra huelga en el horizonte si no se abona la paga extra de Navidad -los paros serían los días 16, 17, 18, 21 y 22 de diciembre-, ya no les valen las excusas y entre otras cosas le recuerdan a la Inspección que «la que tiene que pagar las nóminas es la empresa que nos tiene contratados, y si no lo hace debe ser multada, porque provoca perjuicios a muchas familias».

En este sentido, los mismos informes a los que ha tenido acceso este medio indican que la Dirección General de Inspección procede en las dos ocasiones a requerir a Cojetusa para que regularice los pagos con sus empleados, aunque desde el comité de empresa se quejan de que «no ha habido ninguna sanción, por lo que después de esas denuncias volvimos a cobrar sólo algunos porcentajes del sueldo hasta que se llegó a la situación de que en septiembre, octubre y noviembre no se cobró ni un euro».

Ahora la empresa está al día en los pagos, a la espera de saber si abonará la paga extra el próximo día 15. Y de nuevo las líneas vuelven a ser difusas y todas las miradas se posan en el Ayuntamiento, al que ya se ha instado a que abone los 200.000 euros necesarios para ese ingreso y para evitar la huelga.

Sin embargo, y según ha expresado la delegada de Movilidad y Seguridad, María del Carmen Martínez, el Ayuntamiento no se va a responsabilizar de esa paga. La delegada insiste en que es Cojetusa la que tiene que hacer el abono a su plantilla, porque el Consistorio «no tiene a estos trabajadores contratados» y porque «de un lado están los pagos municipales a Cojetusa y de otro lo que ésta ingresa a sus empleados». «Lo contrario sería caer en una anomalía», remachó.