Conde Pumpido revela que hay 264 causas contra el PSOE y 200 contra el PP por corrupción

La Justicia española tiene abiertas actualmente 730 causas por presuntos casos de corrupción, de las cuales 264 afectan a cargos públicos o políticos del PSOE, 200 al PP, 43 a Coalición Canaria y 30 a CiU. Son datos de la Fiscalía General del Estado ofrecidos ayer en el Congreso de los Diputados por su máximo responsable, Cándido Conde Pumpido. «La realidad viene a demostrar -matizó aun así en su comparecencia- que estos delitos tiene más que ver con el dinero y el poder que con la política».

Consciente de lo abrumador de las cifras -en las que están incluidas todas las siglas posibles- Conde Pumpido hizo un intento por rebajar la alarma social por la corrupción en la que están implicados cargos políticos. Según los datos con los que trabaja la Fiscalía General del Estado, no llega al 1% el número de servidores públicos que «en su vida hayan hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal».

Lo curioso es que sí apuntó, en cambio, hacia los políticos como responsables de una instrumentalización de la Justicia con denuncias de supuestos casos de corrupción como excusa. Afirmó así que cada vez más son los miembros de partidos quienes llevan a los tribunales a sus oponentes (dentro o fuera de sus propias filas), pero no con el objetivo de contribuir a la limpieza democrática sino con el de «politizar» la acción de los jueces y «tratar de obtener la ventaja perdida en las elecciones o en el reparto interno de poder en los partidos».

Las víctimas

En todo caso, Conde Pumpido explicó ante los miembros de la Comisión de Justicia que la mayor parte de las investigaciones se inician a instancia de los ciudadanos afectados o gracias a la acción de organismos públicos de control financiero como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, la inspección del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Tribunal de Cuentas, que, en 2007, presentaron 284 escritos de denuncia.

Además de los casos mencionados, hay 24 procedimientos o diligencias que afectan al Partido Andalucista, 20 a Izquierda Unida, 17 al Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 a Unión Mallorquina, 5 a Esquerra Republicana de Catalunya, 3 al Bloque Nacionalista Galego y otros 3 al PNV.