Los socialistas amenazan con expulsiones y los nacionalistas se desmarcan

Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramanet, y Manuel Dobarco, concejal de Urbanismo, detenidos ayer en el marco de la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en esa localidad barcelonesa, serán expulsados del Partit dels Socialistes de Catalunya si la «autoridad judicial toma medidas» contra ellos, es decir si son imputados, según anunció el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza.

Los socialistas catalanes, que pidieron además «respeto a la presunción de inocencia», reclamaron «a todos los cargos electos socialistas y a todos los militantes la máxima colaboración con la justicia ante unos hechos que, de confirmarse, serían de una gravedad extrema y manifiestamente incompatibles con la pertenencia al partido». El PSC anunció que propondrá la «elección inmediata» como alcalde de Santa Coloma de Gramanet a Antoni Fogué, actual presidente de la Diputación de Barcelona.

La Generalitat también pidió por medio del consejero de Interior, Joan Saura, respeto por la presunción de inocencia, aunque afirmó que se mantendrá «intolerante ante cualquier posible caso de corrupción en Cataluña». «En estos momentos difíciles es preciso mantener la confianza en las instituciones», dijo en alusión no sólo a esta operación policial sino al escándalo del Palau de la Música, el enriquecimiento de sus responsables y la presunta financiación ilegal de algunas fuerzas políticas.

CiU también dio la cara y compareció tras la detención de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Reclamó asimismo la presunción para todos los afectados y exigió la máxima celeridad judicial para llegar lo más lejos posible. «Alavedra y Prenafeta, militantes históricos, no tienen ningún cargo de responsabilidad en el partido desde hace 12 años», afirmó en tono exculpatorio el vicesecretario de la federación nacionalista, Felip Puig.

«Nosotros no haremos juicios paralelos como ha hecho el PSC, que ha extendido la sombra de la sospecha» por el caso Palau de la Música, señaló Puig. En cualquier caso, el dirigente nacionalista vinculó a Muñoz con la cúpula del PSC, especialmente con José Zaragoza, «su mano derecha y miembro de la Ejecutiva», dijo.

Tolerancia cero

Desde Madrid, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, afirmó que su partido es un firme defensor de la «tolerancia cero con la corrupción» y actuará «afecte a quien afecte», aunque sean socialistas. Al contrario, subrayó, de lo que hace el PP, que prefiere hablar «de conjuras universales» cuando algún caso salpica a sus filas.

La portavoz del PP en la Cámara, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó los hechos de «muy graves» y reclamó que se llegue hasta el final en la operación puesta en marcha en Santa Coloma. Con todo, indicó que su partido no se siente compensado por esta redada ni vuelven a confiar en la Fiscalía porque los populares han soportado una campaña de persecución prolongada por parte del Ministerio Público. En Santa Coloma, entretanto, los ánimos se fueron caldeando a medida que se desarrollaban los registros. Al grito de «chorizos, fuera especuladores», medio centenar de vecinos se concentró durante horas frente al ayuntamiento para cargar contra el alcalde y los demás implicados. «Ya se veía venir», era el sentir general de una población de poco más de 115.000 habitantes.