El déficit del futuro

A las críticas que ha recibido el Gobierno por su proyecto de Presupuestos para 2010 se sumaron ayer las advertencias de la Comisión Europea sobre el «alto riesgo» que se cierne sobre la estabilidad de las cuentas públicas si no se reducen el déficit y la deuda; y si no se acometen, en paralelo, reformas estructurales que permitan garantizar el sistema de pensiones y los desafíos propios de una sociedad con un creciente envejecimiento. La respuesta del Ejecutivo, reiterando que no modificará el modelo actual de protección social, incide en su inclinación a zanjar en términos ideológicos debates que la propias consecuencias de la crisis están convirtiendo en ineludibles. La virtualidad del informe de la Comisión es que parte de la acelerada merma que están sufriendo las arcas públicas en nuestro país -las cuales sólo recuperarán el equilibrio, avisa, si se las somete a un ajuste que suponga, nada menos, que el 11,8% del PIB- para alertar sobre dificultades futuras; dificultades ante las que el Gobierno no debería mostrarse indiferente, aunque las urgencias de la crisis hayan podido obligar a postergar lo necesario. Como no debería obviar que los preocupantes niveles de déficit, producto de las exigencias de la recesión pero también de iniciativas desafortunadas a la hora de tratar de paliarla, amenazan con transformarse en un pesado lastre con el que la economía española podría cargar durante años. Ese horizonte no sólo entorpece la salida de la crisis, sino que estaría en condiciones, si no media corrección, de hipotecar las políticas públicas del futuro. Las recetas que propone la Comisión -ajustar las cuentas, aumentar el empleo y reformar el sistema de pensiones, retrasando la edad de jubilación- resultan tan coherentes con los problemas que anticipa, como compleja es su adopción cuando las necesidades aprietan.