Responsabilidad judicial

E l amparo prestado por la sala de gobierno de la Audiencia Nacional a la resolución del juez Eloy Velasco que permitió la puesta en libertad bajo fianza de la etarra Maite Aranalde, quien permanece desde entonces en paradero desconocido, entraba dentro de lo predecible teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Sin menoscabo de cómo se pronuncie el Consejo del Poder Judicial sobre la denuncia presentada contra Velasco por el sindicato Manos Limpias, nada permite afirmar, como sostuvo expresamente ayer la propia Audiencia, que el magistrado actuara con mala fe o de manera contraria a Derecho. Adoptó una decisión razonada entre las posibilidades legales que se le ofrecían, una vez consumado el error de las autoridades francesas al omitir en la entrega de Aranalde la información por el delito más grave que pesaba sobre ella. Pero es precisamente el deplorable resultado de esa resolución, que propició la fuga de la etarra, la que impide considerar que la actuación de Velasco fuera la correcta aun cuando se ajustara a escrupulosos criterios jurídicos. El radical contraste entre los autos firmados por Velasco y por Baltasar Garzón refleja cómo los jueces pueden inclinarse por medidas dispares dentro de los márgenes que permite la Ley, en aplicación de una independencia que la Audiencia hace bien en constatar, defender y respaldar ante la polémica creada.

Pero ello no implica que no deban admitirse las equivocaciones, incluso si éstas se sostienen sobre solventes argumentos jurídicos. Es obvio que la pretensión del juez Velasco no podía ser, en ningún caso, favorecer la vergonzante huida de Aranalde; pero también lo es que, entre las alternativas con que podía modular su decisión, escogió la errónea. La Audiencia ha manifestado su intención de pedir al Gobierno que perfeccione la tramitación de las órdenes europeas de detención y entrega para tratar de evitar que se reproduzca una falla en la eficacia antiterrorista como la registrada en esta causa. Pero la eventual necesidad de esta iniciativa no obsta para que se admitan responsabilidades, aunque no tengan consecuencias disciplinarias, por una actuación cuyos efectos han sido tan negativos y para que se incida en la importancia de que quienes participan en la cadena contra el delito afinen al máximo sus criterios profesionales.