El Pleno da luz verde a las ordenanzas para legalizar 10.600 casas irregulares

Trece votos a favor y nueve en contra, con la abstención por ausencia en el debate de José Pedro Butrón y su compañero en IU, Pepe Blanco, fue el resultado que permitió ayer al equipo de Gobierno municipal comandado por el PSOE sacar adelante las Ordenanzas de Regularización de las Áreas de Gestión Básica.

Este documento será el marco legal del proceso de urbanización y legalización de 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, que contarán con servicios básicos de agua, luz y alcantarillado en los próximos años. El proceso será complejo, pero de entrada la aparición de estas normas administrativas evitará «en la medida de lo posible» los derribos y consolidará las viviendas ya construidas.

Esta afirmación del alcalde de Chiclana, José María Román, no convence sin embargo a muchos vecinos, que ayer mismo mostraron su disconformidad con los pagos que deberán afrontar para ser legales a las puertas del Pleno.

Las cuantías, que podrán afrontarse en dos fases y posponerse mediante cargas registrales en un 40%, son mayores en algunas zonas que en otras, y oscilan entre 20.000 y 55.000 euros, obras de urbanización y papeles incluidos.

Como explicó la edil de Urbanismo en un intenso debate con el PP en la oposición, serán los propios vecinos quienes de forma voluntaria inicien el proceso. Desde ese momento y antes de seis meses tendrán un proyecto de obra; cuando las máquinas lleguen a sus calles ya habrán pagado 5 euros por metro cuadrado de parcela y una liquidación del 60% del coste total a abonar. Urbanismo calcula que en zonas como El Marquesado, Pago del Humo o El Sotillo existen unas 10.600 casas construidas fuera de la legalidad.

Pese a todas las facilidades que ofrecen unas ordenanzas «viables» tal y como las calificó el Gobierno municipal, no todos los vecinos de la ciudad lo tienen tan claro. Ayer se dieron cita para protestar en los accesos al Salón de Plenos medio centenar de propietarios de viviendas irregulares de zonas como El Florín, Majada de los Chivos o El Marquesado.

Todos pedían facilidades de pago y que otras administraciones aporten ayudas y créditos para hacer frente a los costes de la regularización.

Espantada de Butrón

Precisamente, durante el debate plenario celebrado ayer, pocos en el Salón de Plenos y fuera de él entendieron las razones por las que José Pedro Butrón (último responsable de Urbanismo en el municipio) y su compañero José Antonio Blanco, decidieron abandonar la sesión plenaria y no debatir la aprobación de las ordenanzas de las AGB.

Seguramente el asunto más importante de los últimos años en la gestión local, del que precisamente el portavoz de IU ha sido adalid durante meses, fue despachado por ambos con justificaciones administrativas y políticas, después de que se votara que él no será el representante de IU en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo.

Además, en la sesión celebrada ayer, la Corporación local dio también su respaldo a un Plan de Saneamiento. Este documento, con una duración estimada de tres años, contará con distintas medidas económicas para recuperar la senda del ahorro en las arcas del Ayuntamiento después de que la deuda municipal se haya incrementado en casi 6 millones de euros en el último año.