El Gobierno asume que el diálogo social ha fracasado y advierte de que legislará

El Gobierno asume que el diálogo social ha fracasado y advierte de que legislará en septiembre y de que algunas de las actuaciones adoptadas no gustarán a sus interlocutores en la negociación. Estas declaraciones realizadas desde Moncloa y por el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tuvieron lugar a primera hora del día, antes de que CEOE remitiera por escrito (al resto de las partes) sus matizaciones sobre la última propuesta del Ejecutivo.

El documento recogía las reiteradas reivindicaciones empresariales (reducción sustancial de cotizaciones y flexibilidad y abaratamiento del despido) que han presidido los últimos encuentros e indignó a los representantes de CC OO y UGT que se reunieron de urgencia. A su juicio, el papel era «una tomadura de pelo» y dejaba al descubierto «la falta de seriedad» de los dirigentes de la patronal.

Fuentes del Gobierno reconocieron que un acuerdo social sería muy positivo, puesto que generaría confianza y permitirá afrontar mejor los meses que se avecinan y la salida de la crisis. No obstante, aseguraron que la cena del miércoles se celebró en un ambiente «muy duro» y «tenso» por parte de los dirigentes de la patronal. También destacaron la postura de las centrales y «su cintura», ya que aunque «hay cosas que no les gustan», están dispuestas al acuerdo.

Corbacho, ante los micrófonos de RNE, aseguró que la falta de entendimiento obligará al Ejecutivo a tomar medidas que «comentará» con «quienes considere oportuno». En definitiva, el ministro subrayó que se adoptarán cuantas iniciativas «sean precisas para gobernar en interés general de los ciudadanos» y descartó que la normativa laboral española hay contribuido a empeorar el mercado de trabajo durante la recesión.

Rebajar costes

CEOE refleja en su documento que existen 15.302,89 millones de euros en las arcas del Estado, procedentes de exceso de cotizaciones y de pagos que se han realizado inadecuadamente con las aportaciones de los empresarios, que ayudarían a rebajar los costes laborales.

El escrito consta de 16 páginas y responde uno a uno los puntos recogidos por el Gobierno en su última propuesta. Aboga por el establecimiento de un calendario, a partir del 1 de septiembre de 2009, para la negociación de las reformas estructurales que necesita el país y la competitividad de las empresas.

La propuesta-matización aborda asimismo la necesidad de simplificar el despido, con la supresión de la autoridad administrativa; la conveniencia de reestructurar las modalidades de contratación; suprimir las cotizaciones empresariales cuando se adopten expedientes de regulación de empleo temporales; y la desaparición de la obligación de los empleadores de pagar la prestación de baja por enfermedad de sus asalariados entre el cuarto y el decimoquinto día, como sucedía hasta 1992. También apuesta por la libertad de actuación de las empresas de trabajo temporal, vetadas en los sectores de alto riesgo como la construcción, y porque éstas puedan actuar como agencias privadas de colocación.

El documento cayó como un jarro de agua fría entre los representantes de los sindicatos, que lamentaron la actitud de CEOE. «Da la sensación de que los dirigentes de la patronal han perdido el norte. Quieren arruinar el sistema público de protección y sacar de la crisis la mayor tajada posible para satisfacer sus intereses», dijeron.