El Supremo cita como imputados a Bárcenas y Merino para que aclaren si recibieron sobornos

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino declararán como imputados por fraude fiscal y cohecho en el Tribunal Supremo. El instructor que investiga a los dos aforados nacionales implicados en el caso Gürtel, Francisco Monterde, ha aceptado interrogar a ambos sobre las supuestas dádivas que recibieron del empresario Francisco Correa. Ellos mismos habían solicitado testificar sin esperar a que el Supremo pidiera el preceptivo suplicatorio del Senado y el Congreso para tomarles declaración. Bárcenas está citado el miércoles mientras Merino acudirá el jueves.

Ambos comparecerán ante el magistrado como imputados provisionales, según explicaron fuentes del tribunal. Se trata de una figura que se recoge en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que está reservada a los senadores y diputados que piden declarar por voluntad propia sin esperar a que el juez pida permiso al Parlamento. Aunque los dos sean interrogados sin necesidad de suplicatorio, Monterde ya ha avisado de que pedirá esta autorización a ambas cámaras porque es «necesario para los casos de imputación definitiva mediante inculpación o procesamiento».

Cinco tomos

El juez ha decidido acelerar la investigación y no esperar a septiembre para comenzar las diligencias después de haber recibido el miércoles pasado los cinco tomos, cerca de 2.500 páginas, con las pruebas contra los dos aforados. El expediente fue remitido por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid, donde el magistrado Antonio Pedreira ventila el tronco central del caso Gürtel.

Monterde ha llamado a declarar a los dos imputados sólo cuatro días después de acordar abrir diligencias previas al apreciar indicios de delito en la actuación de los dos parlamentarios. El magistrado ha «comprobado» que el «material» recabado por Pedreira y el instructor primigenio de la causa, Baltasar Garzón, es «suficiente» para acusar al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León y al senador por Cantabria. El juez, que en principio quería tomarse el asunto con calma y estudiar con detenimiento las pruebas, ha accedido al final a la petición de la Fiscalía, que el pasado 11 de julio urgió al instructor para que citara a declarar a los dos aforados de manera inmediata ante el riesgo de que los delitos fiscales pudieran prescribir.

El magistrado fue designado para dirigir esta instrucción después de que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo aceptara el pasado 23 de junio investigar a Bárcenas y Merino y devolviera el grueso de la investigación de la trama corrupta a Pedreira, incluido todo lo que afecta al ya ex eurodiputado Gerardo Galeote, que durante el proceso ha perdido el aforamiento, pues no concurrió en las pasadas elecciones europeas.

Bárcenas y Merino darán explicaciones al juez casi a ciegas. Al haber reclamado adelantar su interrogatorio sin esperar la imputación en firme a no han tenido acceso al sumario y acudirán al Supremo sin saber qué conocen con exactitud la Fiscalía Anticorrupción y el propio magistrado sobre los supuestos sobornos que recibieron de Francisco Correa. Monterde acordó el miércoles prorrogar un mes más el secreto de las actuaciones decretado en su momento por Pedreira, hasta el 15 de agosto.

Ni los acusados, cuya personación ha admitido el Tribunal Supremo, ni la Abogacía del Estado, que es acusación por el perjuicio causado a la Agencia Tributaria por las presuntas defraudaciones, podrán, por tanto, consultar las pruebas recabadas durante más de un año instrucción en diversos juzgados.

El magistrado del Supremo justificó esta reserva, sobre todo, porque quitar el velo a la causa, aunque fuese sólo sobre los dos aforados, podría perjudicar a la rama central de la investigación a cargo del Tribunal Superior de Madrid y que está cada día más abierta. Monterde sostiene que mantendrá el secreto para evitar «interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación». Asegura que prorrogar la opacidad de las actuaciones es una medida «racional, lógica, fundada, necesaria y legal» habida cuenta de la «naturaleza de los delitos».

La semana próxima, Bárcenas deberá intentar explicar cómo logró cuadriplicar su patrimonio entre 1997 y 2004, años en los que pudo recibir hasta 16 pagos diferentes por un valor que, según Garzón, fue de al menos 1.353.000 euros. La Agencia Tributaria acusa al tesorero del partido opositor de haber ocultado al fisco los siguientes pagos de Correa: 459.565 euros en 2002; 515.630 en 2003, y 72.000 en 2004.

'Contabilidad B'

El Supremo, cuando acordó investigarle, ya afirmó que los libros de contabilidad B de Correa encontrados por la Policía eran «indiciariamente expresivos de la recepción de cantidades económicas y también del abono de un viaje turístico» por parte de Bárcenas, al que en esos documentos «se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis el cabrón».

En el caso de Merino, el Ministerio Público considera que pudo incurrir en un delito de cohecho impropio al aceptar dinero procedente de la trama corrupta por un valor mínimo de 220.000 euros. El alto tribunal resaltó «los indicios sobre la realidad de las percepciones» que aparecieron tanto en los libros de contabilidad como en un soporte informático.