Fondo de rescate

La próxima creación del llamado Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria por parte del Gobierno, con el fin de intervenir sobre aquellas entidades financieras que pudieran encontraste en grave riesgo de inviabilidad, debe convertirse en un mecanismo eficaz que sea capaz de operar de inmediato y que cuente con la anuencia política y territorial suficiente como para que su aplicación no suscite divergencias inter-institucionales. Todo parece indicar que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero trata de impulsar una iniciativa ajustada a las necesidades más imperiosas, eludiendo incluir en los propósitos del decreto objetivos que pudieran generar controversia, como la reordenación legal de las cajas de ahorro. Pero parece indudable que la eficacia del nuevo Fondo dependerá de que su uso no se vea cortocircuitado por intereses de orden partidario que, en aras al mantenimiento del control político de una u otra caja en dificultades, traten de postergar la adopción de medidas que eviten de inmediato su caída. De ahí que ninguna fuerza parlamentaria ni ningún gobierno autonómico pueda regatear al Banco de España las potestades con las que éste ha de contar para actuar en la observancia del interés común a todos los españoles, velando no sólo por la defensa de los depositantes de la entidad sobre la que intervenga, sino también, y especialmente, garantizando un uso del erario que redunde en beneficio de los contribuyentes o que, cuando menos, no suponga perjuicio alguno para los mismos.

Es imprescindible que las instituciones financieras recompongan cuanto antes sus balances y sus cuentas de resultados, y para ello no debería demorarse la puesta en marcha del anunciado Fondo. Pero junto a ello es necesario que tanto las entidades privadas como los poderes públicos emitan hacia la sociedad mensajes más precisos y de mayor transparencia. El Gobierno no puede seguir refiriéndose un día a la ejemplar solidez del sistema financiero español para, al día siguiente, provocar la alarma sugiriendo que existen entidades en peligro. La creación del FROB exige una explicación cabal y convincente que dé confianza a la ciudadanía. Aunque para que sea así es también necesario que todas y cada una de las entidades financieras identifiquen con claridad los riesgos a los que están expuestas.