La Junta de Andalucía regula por ley el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna

Todos los andaluces tendrán, por ley, opciones para acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, según se desprende del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La nueva norma, pionera en el país, garantiza que las administraciones públicas favorezcan este derecho de acceso a aquellos que no pueden acudir al mercado libre de su localidad, y ampara a los ciudadanos para que reclamen su cumplimiento ante la justicia.

Esta norma, que será remitida al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva antes de finales de año, concreta lo recogido tanto en la Constitución Española como en el Estatuto autonómico, y ha sido "ampliamente" consensuada con los principales agentes sociales y económicos de la comunidad, incluidos el Consejo Económico y Social de Andalucía, el Consejo Consultivo o el Consejo de Concertación Local donde están representados los ayuntamientos andaluces, según explicó el consejero de Vivienda, Juan Espadas, quien resaltó el compromiso andaluz "por el avance de los derechos sociales en un momento de crisis económica".

La ley establece que las administraciones públicas, como la propia Junta de Andalucía o los consistorios, estarán obligadas a favorecer el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos para acceder a una vivienda del mercado libre. Para ello, los ciudadanos interesados tendrán que inscribirse en un Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que se creará en breve y que se perfila como el principal instrumento de trabajo, ya que permitirá obtener una radiografía exacta de la escasez de vivienda.

Así, incluirá datos de la demanda, el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio. Conforme a la nueva norma, las administraciones públicas deberán elaborar planes de vivienda que reflejen las necesidades expuestas en el Registro, y en caso contrario, los ciudadanos podrán exigir esta obligación ante la jurisdicción contencioso-administrativa

La ley está especialmente dirigida a las personas con menos recursos, que para inscribirse en dicho registro deberán cumplir una serie de requisitos, como que la unidad familiar no tenga unos ingresos superiores a 36.000 euros brutos anuales, que lleven al menos tres años residiendo en el municipio donde pidan la vivienda y que no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente.

Espadas recordó que el concepto de "vivienda de calidad" se entiende en este proyecto normativo no sólo como el recinto físico, sino también el conjunto de dotaciones y equipamientos que deben estar a disposición del ciudadano. Para ello, las edificaciones residenciales que se construyan en la comunidad deberán incorporar parámetros de sostenibilidad y eficacia.

Según el consejero de Vivienda, para llevar esta norma a la práctica la administración regional deberá adaptar el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que ya recoge inversiones públicas y privadas que superan los 11.000 millones de euros, mientras que los ayuntamientos dispondrán de un plazo de dos años para especificar las medidas para favorecer este derecho, así como las modalidades de ayuda económica (arrendamientos con opción a compra, incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas y oferta residencial en régimen de alquiler, entre otras).".

Las reacciones no se han hecho esperar. El líder de la oposición, Javier Arenas, anunciaba la intención del PP-A de acudir a los tribunales "con todas las consecuencias" si la ley supone obligar a los ayuntamientos a garantizar vivienda gratis a los ciudadanos con ingresos inferiores a los 6.000 euros, y expresaba su temor de que sean los consistorios los únicos que tengan que garantizar este derecho. Por su parte, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) considera que el proyecto de ley es una mera "declaración de intenciones" y una iniciativa poco ambiciosa, ya que considera que el derecho a la vivienda debe tratarse "de forma integral y no limitarse a la vivienda protegida".