Sentencia garantista

La sentencia por la que el Tribunal Constitucional ha permitido la concurrencia a las elecciones europeas de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad de los Pueblos (IISP) desmonta todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el Supremo para anular la lista al considerar que ésta había sido infiltrada por la ilegalizada Batasuna. Los magistrados del TC concluyen que ninguna de las pruebas presentadas bastan ni por sí solas ni en concurrencia unas con otras para acreditar la existencia de una maniobra fraudulenta tras la plancha y, en consecuencia, para restringir un derecho fundamental como el de la libre participación política. Hasta el punto de que rechazan que sea preciso que los miembros de la lista utilicen el contraindicio de la condena de la violencia, como sí hicieron en su recurso de amparo aunque no en sus pronunciamientos anteriores ni posteriores. El veredicto implica así una revocación en toda regla de las tesis defendidas primero por la Fiscalía y el Abogado del Estado y asumidas después por la mayoría de los magistrados del Supremo, lo que no sólo podría permitir a la izquierda abertzale romper el cerco al que venía sometiéndola la continuada suspensión de sus candidaturas, sino que introduce la primera discrepancia radical entre los dos altos tribunales en la aplicación de la Ley de Partidos. Esa disparidad puede provocar desconcierto. Pero resultaría tan desmedido como falaz deducir de esta sentencia que supone un varapalo de una instancia judicial a otra, o que es la prueba palmaria de los excesos a los que podría conducir la normativa que ha proscrito las siglas conniventes con ETA. Antes al contrario, el fallo del Constitucional subraya las garantías de nuestro Estado de Derecho y resta argumentos a quienes han venido defendiendo que lo que se pretendía ilegalizar eran ideas sin otro sustento que la ejecución cada vez más forzada de la Ley de Partidos; a quienes han insistido en que las proscripciones alejaban a España de los estándares democráticos europeos. El Constitucional ha confirmado, de acuerdo a sus criterios, la legalidad de IISP. Pero ante la evidencia de la prisa con que la candidatura se ha mostrado dispuesta a recoger el voto de Batasuna y a considerar "simplista" el rechazo de la violencia, sería una ingenuidad no pensar que su concurrencia forzará el pulso entre quienes siguen renuentes a demarcarse de la galaxia etarra y la izquierda abertzale no violenta.