El aumento de la delincuencia organizada desborda a la Fiscalía Anticorrupción

Ya lo advirtió el nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, durante su toma de posesión el pasado miércoles: «Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada transnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos». El aviso de Juanes ante jueces y políticos presentes en el acto no fue casual y vino a reflejar la realidad cotidiana de un fenómeno que conoce de cerca el órgano judicial creado para hacerle frente: la Fiscalía Anticorrupción.

Sólo en 2008, el departamento del Ministerio Público dirigido por Antonio Salinas tuvo un incremento «espectacular» del 100% de casos investigados. Un aumento en el que tuvieron un peso «notable» las diligencias referidas a la delincuencia organizada, por delante proporcionalmente de las otras dos actividades criminales en las que interviene la fiscalía especial: los delitos económicos y los casos de corrupción.

La mutación de las bandas de criminales asentadas en los últimos años en España, muchas de ellas en zonas costeras de Málaga, Alicante, Barcelona o Galicia, ha complicado su seguimiento, según reconoce el fiscal jefe Antonio Salinas en la memoria anual de su oficina.

La razón es el cambio de careta de los jefes del crimen organizado, que ahora buscan ser considerados empresarios 'legales' y no matones, mediante la inversión en negocios limpios (muchos de ellos en construcción) a través del lavado de dinero obtenido de sus actividades ilícitas.

Se trata de un lucrativo oficio cuyo principal requisito de supervivencia depende de corromper a los garantes de la ley, los funcionarios públicos, «aunque finalmente parezca sólo uno de sus efectos», señala Antonio Salinas. Esto explica, añade, el interés de estas bandas transnacionales por invertir en obras públicas, un método importado de aquellos países donde las mafias están inmiscuidas en los resortes mismos del Estado.

El fiscal anticorrupción considera que la lucha contra el crimen organizado tendría que pasar por las mismas etapas que el tráfico de droga. Para ello habría que actuar desde una doble perspectiva: con cooperación internacional y estableciendo tipos penales más eficaces. Antonio Salinas cree que es preciso castigar penalmente la asociación de carácter criminal y, por otro lado, combatir dicha estructura mediante la supresión de las ventajas patrimoniales.

Salinas propone la aplicación del delito de blanqueo de capitales y un sistema eficaz de comiso. La última solución sería accesoria y complementaria, pero igualmente eficaz: la especialización de tribunales. Lo defiende también el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, que aboga por crear un juzgado provincial especializado contra estas bandas allí donde mayor incidencia tienen.

Sin embargo, la fiscalía especial considera que los medios actuales, tanto humanos como materiales, son «escasos y precarios», lo que deja en evidencia su trabajo ahora que la carga es «enorme». De ahí que soliciten una mayor colaboración del Ministerio de Justicia.