Crítica irresponsable

L a crítica del fiscal general del Estado a la Policía por atender únicamente a las indicaciones del juez Garzón y no a los del Ministerio Público en los procesos de ilegalización de las listas herederas de Batasuna levantó ayer una comprensible polvareda de la que es principal culpable el propio Cándido Conde-Pumpido. Resulta del todo impropio que el máximo responsable de la Fiscalía aireara la descoordinación registrada entre su departamentos y uno de los cuerpos encargados de la lucha antiterrorista, cuya actitud distinguió de la de la Guardia Civil, en un reproche que salpica a los ministerios de Interior y de Justicia, así como a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Como también lo es que decidiera hacerlo, tras haber planteado sus objeciones a través de la privacidad de los cauces institucionales, en el transcurso de un desayuno informativo, pronunciándose con censurable irresponsabilidad sobre un asunto que tiene que ver tanto con la aplicación de la Ley de Partidos para impedir que las candidaturas conniventes con el terrorismo puedan burlar los límites del Estado de Derecho, como con la persecución penal de los comportamientos ilícitos por ese mismo motivo. Que Conde-Pumpido y el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, trataran horas después de restar importancia a la polémica, rebajándola a un «pequeño problema» de procedimiento, confiere, si fuera así, aún mayor frivolidad a la controversia suscitada. Pero el hecho de que ambos admitieran que ha existido descoordinación al menos en los procedimientos de ilegalización de ANV y del PCTV y en la impugnación de las listas sucesoras de Askatasuna y D3M apunta a un desajuste que, una vez publicitado, obliga a explicarlo sin que quede sombra alguna de duda sobre la colaboración de policías, fiscales y jueces en el combate contra el terror; y a corregirlo para evitar solapamientos de efectos indeseados entre la repuesta penal contra el entorno de ETA y la aplicación de la Ley de Partidos. Una aclaración y una enmienda que son necesarias no sólo a la luz de lo que, según las palabras del fiscal general, ha ocurrido en el pasado, sino que resultan ineludibles dado que el propio Conde-Pumpido aseguró ayer que sólo ha solicitado información a la Guardia Civil para vigilar cualquier nuevo intento solapado de la izquierda abertzale proscrita de concurrir a las elecciones europeas.