Impunidad anulada
La anulación de las candidaturas de Demokrazia 3 Milioi y Askatasuna, resuelta ayer por la Sala Especial del Tribunal Supremo, asume los argumentos expuestos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado considerando ambas plataformas electorales como sucesoras de la ilegalizada Batasuna. A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso de que la agrupación de electores y el partido decidan recurrir la decisión del Supremo, todo parece indicar que, por primera vez desde la constitución en 1980 del Parlamento Vasco, éste no va a contar con representación de la izquierda abertzale de obediencia etarra. La causa de tal exclusión judicial no sólo responde fielmente a lo previsto en la Ley Electoral General por derivación de la Ley de Partidos para el caso de formaciones y candidaturas que pretendan la continuidad de otras declaradas ilegales por prestar cobertura política al terrorismo. Además refleja el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía, harta ya de la impune utilización del foro público para justificar o negarse a condenar los asesinatos d la banda terrorista ETA.
Actualizado: GuardarDesde la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1977, pasando por los pactos antiterroristas de Ajuria-Enea y Madrid y llegando hasta la aleatoria criba de las candidaturas de ANV ante los últimos comicios locales, los partidos y las instituciones han mantenido la esperanza decreciente de que la participación institucional de la izquierda abertzale favoreciera el desarme de la banda terrorista. Los hechos han demostrado cuán ilusoria era tal perspectiva, y cómo ETA se aprovecha de la actuación de sus voceros en las instituciones para perpetuarse en el terror. El nacionalismo en su conjunto volverá a emplear el falaz argumento de que con su resolución el Tribunal Supremo prohíbe determinadas ideas, impide la participación electoral de miles de ciudadanos y distorsiona la representación parlamentaria de la sociedad vasca.
No son los postulados de D3M y de Askatasuna los que han llevado al Supremo a anular sus candidaturas, sino la radical incompatibilidad entre el ejercicio de la democracia y el sostenimiento político de la amenaza etarra. Tampoco es verdad que el Supremo anule el voto de miles de vascos, puesto que los integrantes del censo electoral mantienen perfectamente su derecho de votar, eso sí, a formaciones legales en tanto que alejadas del dictado terrorista. Pero si a pesar de ello hay ciudadanos que siguen la consigna abstencionista que la izquierda abertzale empezó a extender antes de que se conociera el fallo judicial será porque no quieren romper con ETA. Y esta obstinación liberticida no puede pretender la comprensión del resto de la sociedad y de las instituciones de la democracia.
