Empleo en depresión
El incremento del paro en 198.838 nuevos desempleados y la reducción de la afiliación a la Seguridad Social en 154.935 cotizantes durante el pasado mes de enero han vuelto a mostrar el lado más inquietante de una crisis sin fin. Hasta el punto de que el Gobierno ya no es capaz de descartar la hipótesis de que España llegue a lo largo del presente año a los cuatro millones de parados. Los 3.327.801 de desempleados a nivel nacional apuntan precisamente en esa dirección. Máxime cuando una tercera parte de los mismos refleja la destrucción de empleo a lo largo del último año. El hecho de que sólo un 10% de los contratos suscritos en enero fuese indefinido es una muestra más del retraimiento general que afecta a la economía española. Por el momento, la provincia de Cádiz ha superado los 150.000 parados al registrar un aumento de 3.616 desempleados, lo que un total de 151.271 inscritos en las oficinas del SAE. El optimismo del presidente Rodríguez Zapatero le llevó ayer a calificar el momento como el «más difícil de la crisis». Pero le faltó añadir que por ahora. Si sus palabras pretendían transmitir la idea de que la recesión está tocando fondo, se trataría de una conclusión precipitada que probablemente desmentirán los nuevos datos. El presidente añadió a ello que «el problema no es tanto el número de desempleados, sino la oportunidad que va a haber para decenas de miles de desempleados de tener un empleo nuevo en unos pocos meses». Si su objetivo era realzar los efectos que, a su entender, comportará el plan extraordinario para infraestructuras locales respecto al paulatino deterioro del mercado laboral, nos encontraríamos ante un anuncio voluntarista y falaz, toda vez que por positivas que sean las cifras de contrataciones que aporte dicho plan, se crearán para unos cuantos meses y simultáneamente a la más que previsible destrucción de un número superior de puestos de trabajo.
Actualizado: GuardarHace ya meses que el fuerte desgaste del empleo no es imputable a la crisis de la construcción. El incremento del paro en los servicios y en la industria obliga a pensar en un problema del que no se libra ningún sector de la economía y que, por eso mismo, tampoco puede ser paliado sólo primando a las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Los poderes públicos están obligados a impulsar políticas que contribuyan al mantenimiento de las ocupaciones y, en lo posible, a la creación directa e indirecta de nuevos puestos de trabajo. Pero dicho esfuerzo ha de atender a tres condiciones ineludibles: la calidad del empleo, su duración en el tiempo y el coste que cada puesto represente para las arcas públicas. Son factores de una ecuación que deberían cuidar todas las instituciones, puesto que los resultados que se obtengan a muy corto plazo no pueden hipotecar las políticas públicas, ni presentar como logros duraderos aquellas medidas de efecto coyuntural. Por si cupiera alguna duda al respecto, el drástico aumento de la cantidad presupuestada para la cobertura del desempleo y el ineludible déficit en que incurrirá el INEM obligan al Gobierno a meditar sobre cuál es la escala de prioridades idónea en una materia tan crucial.
