ACUSADOS. El rejoneador José Miguel Callejón, su padre y su ayudante, Manuel Buendía, sentados ayer en el banquiilo. / LA VOZ
Jerez

Aplazado hasta abril el juicio por la quema de los caballos de Luis y Antonio Domecq

Según la defensa del rejoneador José Miguel Callejón, el delito ha prescrito La acusación pide tres años de cárcel y 600.000 euros de indemnización

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La vista oral prevista ayer en el juzgado de lo penal número 2 de Toledo contra el rejoneador José Miguel Callejón; su padre, Antonio Callejón; y un colaborador de ambos, Manuel Buendía, acusados de la muerte de seis caballos de la familia Domecq en junio de 2001 en el término municipal de Ocaña (Toledo), fue finalmente suspendida y aplazada hasta el próximo 1 de abril.

El aplazamiento del juicio, en el que la fiscalía no ejerce la acusación, fue acordado por el juez Víctor Rivas a la vista de las numerosas peticiones planteadas por las partes, entre ellas la nulidad de las escuchas telefónicas y la prescripción del delito para uno de los encausados, asuntos con los que coincidieron las defensas y la fiscalía.

Los acusados en este procedimiento, José Miguel Callejón, su padre y un amigo de ambos, se enfrentan a la petición de la acusación particular, que ejercen los Domecq, y que solicita tres años de prisión por un delito de daños, así como una indemnización superior a los 600.000 euros por los perjuicios ocasionados.

Delito prescrito

Además de la nulidad de las escuchas telefónicas, tanto el fiscal como el abogado Marcos García Montes, que ejerce la defensa de José Miguel Callejón, pidieron al juez que se extinga la acusación que pesa sobre este rejoneador por prescripción del delito, puesto que el escrito de acusación data de 2006 y el presunto acto delictivo habría prescrito a los tres años de los hechos, que tuvieron lugar en 2001, recordó García Montes.

Respecto a las escuchas telefónicas que se practicaron, el fiscal dijo que son nulas de pleno derecho por entender que no se trata de una diligencia adecuada para un «delito menos grave» como es éste, para lo que se apoyó en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Internacional de Derechos Humanos.

Por su parte, el abogado de los Domecq, Jaime Guerra, pidió al juez que se cite como testigos a los miembros de la Policía Judicial que participaron en la investigación, así como al rejoneador Sergio Galán, cuyos caballos eran realmente los que habrían sufrido el ataque de no ser porque los autores se equivocaron de víctima.

Según la acusación particular, los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2001 cuando los acusados, con el fin de eliminar la competencia que les suponía el también rejoneador Sergio Galán, decidieron acabar con los caballos de éste quemándolos, para lo cual habrían contratado a unos sicarios, ahora en paradero desconocido, que se equivocaron de camión.

Así, y según la familia Domecq, el día del suceso coincidieron Galán y los hermanos Luis y Antonio Domecq en la corrida que se celebró en la plaza de Las Ventas de Madrid, y al terminar los autores del hecho confundieron los vehículos que transportaban los caballos y siguieron por error a los de Domecq durante el viaje de vuelta a su finca de Jerez.

Seis caballos muertos

Los sicarios aprovecharon la parada que los Domecq hicieron en la localidad de Ocaña para matar a los caballos que creían de Sergio Galán, para lo cual introdujeron por las ventanillas del remolque una sustancia incendiaria que causó la muerte de seis de los animales, que resultaron carbonizados, y gravísimos daños a otros tantos equinos, que prácticamente quedaron inservibles para la lidia.