Los opositores a Educación para la Ciudadanía animan a los padres a que objeten por la vía legal

El I Encuentro de Objetores de Conciencia a Educación para la Ciudadanía de la provincia de Cádiz, que se celebró ayer en El Puerto en la Bodega San José, buscó motivar a los padres a que vayan más allá de la objeción particular y que «usen los cauces legales» para proseguir con su batalla contra de la asignatura.

En el encuentro, que comenzó a las diez y media de la mañana, participaron: El Foro de Laicos Asidonia, la plataforma de Padres Objetores Isleños (de San Fernando), Cádiz educa en libertad, Julio Gómez-Pastrana de las familias objetoras de El Puerto de Santa María y la plataforma de Padres Objetores en Chiclana.

A las once arrancó la primera mesa redonda, titulada La educación como problema o solución, que fue moderada por José Luis Bazán, vicepresidente de Profesionales por la Ética, y Miguel Gómez de Agüero, presidente andaluz de Profesionales por la Ética.

Durante todo el tiempo se incidió en los motivos por los que los padres deciden objetar. Los ponentes destacaron que los padres consideran que es una «intromisión ilegítima del Estado en el sentido de la educación moral, que debe ser potestad de la familia a su juicio, e impone una ideología de género determinada». Además, consideran que la asignatura «abusa» de las emociones y los afectos de los alumnos y «renuncia» a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia y la voluntad. Por otro lado, los objetores consideran que Educación para la Ciudadanía «silencia completamente las tradiciones religiosas y la existencia de Dios». Finalmente, entienden que quita tiempo a otras asignaturas más relevantes y que es discriminatoria con respecto a la asignatura de Religión.

Pero después de analizar todas las causas por la que estos padres deciden que sus hijos no cursen la asignatura, Carlos Seco, abogado y coordinador jurídico en Andalucía de los padres objetores, centró su intervención en explicar a los padres los cauces legales que hay que seguir para que sus hijos no tengan que cursar esa materia sin ser perjudicados. Así, el jurista explicó que en Andalucía hay un total de 1.200 padres objetores, pero que no todos han recurrido a la vía legal para ejercer su rechazo. De los que sí lo han hecho, la mayoría (aún no está cuantificado el número) han recibido la negativa de la Junta de Andalucía, y de estos, 160 han recurrido la sentencia del TSJA y tan sólo 17 en toda Andalucía cuentan ya con una sentencia del TSJA que les da autorización para que sus hijos no asistan a la clase, aunque estos fallos están siendo recurridos en el Supremo por la propia Junta. Además, hay otros padres a los que la Administración no les ha contestado. En estos casos, los objetores se acogen al silencio administrativo para interpretar una respuesta afirmativa.

Por ello, Carlos Seco consideró ayer imprescindible «agotar todos los cauces legales para formalizar la objeción, debido a que la Junta está también recurriendo todas las sentencias favorables».

Además, Carlos Seco dejó claro que denunciarán ante los Tribunales a la Consejería de Educación por haber publicado en el BOJA el nombre de más de 100 niños de padres objetores, ya que entienden que va en contra del derecho a la intimidad y honor del menor. Por ello, solicitaron a los tutores que se pongan en contacto con algunas de las plataformas.

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