El Gobierno pide calma para pactar la financiación

El Gobierno prepara el camino para un eventual retraso del acuerdo con las comunidades para la reforma del sistema de financiación, aunque confía en cerrar en tres meses el nuevo modelo y cumplir la promesa de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. En un intento de rebajar la tensión de las últimas semanas, José Luis Rodríguez Zapatero pidió ayer «tranquilidad» a las autonomías hasta conocer el segundo documento de bases que el vicepresidente Pedro Solbes someterá hoy a debate en el Congreso.

El presidente avisó de que pactar el nuevo sistema «llevará su tiempo, como es lógico y razonable», pues es un acuerdo complejo, que exige el liderazgo del Ejecutivo central y una participación «constructiva» de los gobiernos autonómicos. Tras visitar el AVE gallego, Rodríguez Zapatero pidió a las instituciones y partidos que afronten la negociación «con tranquilidad», porque «todas las comunidades autónomas van a mejorar».

El presidente admitió la dificultad para aunar voluntades en un proceso con tantos actores que ambicionan fórmulas distintas. Dificultad que ya impidió un acuerdo antes del 9 de agosto pasado, cuando venció el plazo de dos años establecido en el Estatut para pactar la nueva financiación de Cataluña, incumplimiento que irritó a las formaciones del tripartido -PSC, ERC e ICV- y a sus opositores de CiU. El Gobierno sostiene que no ha incumplido el Estatut, y que llegará a tiempo para incluir la financiación en los Presupuestos.

Propuesta equitativa

Rodríguez Zapatero señaló que ahora «hay que unir los intereses que lógicamente existen» y «armonizarlos para llegar a una propuesta equitativa». Como ejemplo de esas diferencias, aludió al enfrentamiento entre comunidades según su crecimiento demográfico, concentración o dispersión de su población.

La Generalitat quiere que el nuevo sistema tenga en cuenta el aumento de un millón de personas experimentado en Cataluña en los siete últimos años. Ese planteamiento, que beneficia a Baleares y la Comunidad Valenciana, irrita a otros territorios como Asturias o Galicia. Estos últimos temen salir perjudicados si al calcular el reparto de fondos se otorga más peso a la demografía sin tener en cuenta factores como su reparto o edad. Además, temen que se apliquen las limitaciones a la solidaridad interterritorial que contempla el Estatut, que supondrían restringir los fondos para garantizar la cohesión en sanidad, educación, dependencia y otros servicios básicos.

La negociación del nuevo modelo se mezclará con la de las cuentas del Estado. El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, se adelantó al debate y negó credibilidad al vicepresidente para sacar a España de la crisis. «No me extraña que tengan problemas para recabar apoyos», dijo tras denunciar que el proyecto presupuestario socialista peca de excesivo gasto público y no es el adecuado para afrontar la crisis. «Pedir austeridad a Solbes es pedir peras al olmo», dijo.