Jugar con fuego

Pero dicho esto, y una vez manifestada la general aceptación de los principales argumentos exhibidos por las fuerzas políticas catalanas, que han formado un explicable frente común en defensa de los intereses de su comunidad, parece lógico añadir que la fórmula que se adopte, además de beneficiosa para Cataluña, debe resultar aceptable para el resto de las autonomías. Imaginar otra cosa equivaldría a un absurdo.

Pues bien: nadie en su sano juicio puede proponer que el problema se resuelva mediante una simple y desnuda negociación bilateral Estado-Generalitat de la que salga una mejora sustancial de la financiación catalana, que, según la Cambra de Comerç, la Cámara de Comercio de Cataluña, debería representar entre 3.500 y 3.800 millones de euros anuales.

Inevitablemente, por pura equidad federal y por obvias y comprensibles razones de decoro político, la mejora catalana ha de inscribirse en una mejora general, es decir, habrá de convertirse en un nuevo modelo de café para todos, que, aunque no colme la totalidad de las aspiraciones concurrentes, permita conseguir un pacto aceptable por las quince comunidades autónomas y dos ciudades autónomas de régimen general. Este método que conjuga la bilateralidad con la negociación multilateral es el que Solbes ha sugerido ya, quizá sin la explicitud ni la claridad debidas, en los primeros balbuceos de una negociación que, en efecto, ya no podrá quedar concluida el 9 de agosto, pero que habrá de resolverse sin mayor demora antes de la aprobación de los próximos presupuestos del Estado.

Lo que ocurre es que, para colmar esta exigencia de Cataluña y otorgar mejoras equivalentes a las demás comunidades, el Estado debería incrementar la financiación autonómica en una cantidad que los expertos evalúan entre 12.500 y 20.000 millones de euros. Unos recursos muy superiores a los que proporcionaría a las comunidades la elevación de la cesta de impuestos, que ahora incluiría el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Dicho de otro modo, el Estado tendría que renunciar a cierta capacidad de gasto para que las autonomías disfrutasen de los pluses financieros que requiere dicha transformación, que habría de servir para cerra definitivamente el Estado de las Autonomías.

Es ocioso decir que la coyuntura económica no es la mejor de las posibles para plantear estas reformas que incrementan el gasto público, aunque sea con justicia y por una noble causa.

Montilla y Mas, adalides de la demanda catalana, tienen en fin que convencerse de que su firmeza, quizá demasiado estridente, pero no incomprensible ni mucho menos reprobable, no servirá de nada más que para exacerbar a la sociedad catalana (y a la del resto en España en su contra) si no se acepta cuanto antes la idea de que, una vez formulada la reclamación bilateral, es necesario proceder a un arduo debate multilateral para ajustar las cuentas definitivas.

Un debate entre regiones ricas y regiones pobres pero también entre partidos políticos de diferente signo.

La dureza de Montilla, en concreto, frente su partido matriz, el PSOE, ha alcanzado un grado de hosquedad francamente peligroso ya que puede haber abierto heridas difíciles de cicatrizar. Y tal ejercicio de generar tensión se vuelve irracional cuando se alcanza el convencimiento de que el Gobierno del Estado -sea del color que sea- tiene en este asunto una capacidad de maniobra limitada. Ni es posible atender las aspiraciones catalanas desairando a todas las demás partes de España, ni se puede hoy disponer alegremente de ilimitados recursos públicos cuando la principal preocupación es que haya dinero bastante para sostener a los desempleados.