Diálogo reactivado
La rúbrica ayer por parte del presidente del Gobierno, de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de la Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social permitió a los firmantes la escenificación solemne del reinicio del diálogo para afrontar las dificultades e incertidumbres derivadas de la aguda desaceleración del crecimiento y de la necesidad de procurar un cambio de modelo productivo. José Luis Rodríguez Zapatero definió el acto como un ejemplo de «responsabilidad y sacrificio» destinado a recuperar la confianza de la ciudadanía en las capacidades de la economía española para remontar las complicaciones. Pero la gravedad de sus palabras no terminó de corresponderse ni con los pasajes nuevamente más optimistas de su discurso sobre las fortalezas acumuladas durante los años de bonanza, ni tampoco con la tardanza con que el Ejecutivo y los principales agentes sociales han procedido a reactivar un compromiso compartido que exige una mayor concreción. La dilación se hace paradójicamente más palpable una vez leída la introducción del documento, en el que se constata el progresivo deterioro de la economía internacional desde mediados del pasado año y también el inicio en 2006 del ajuste en el sector inmobiliario que se ha precipitado en los últimos meses.
Actualizado: GuardarLa declaración se fija como objetivos tanto la reanimación del crecimiento como un cambio en el modelo que supere la excesiva dependencia de la construcción hacia actividades que fomenten la productividad basada en el desarrollo tecnológico y el valor añadido. La necesaria complementariedad de ambas pretensiones se ve obstaculizada, sin embargo, por las exigencias de una coyuntura poco propicia para poder emprender las reformas que se aplazaron en el período más expansivo de la economía española y que obligará a destinar esfuerzos y recursos para paliar las consecuencias más perentorias y gravosas de la crisis. En este sentido, la reiterada aseveración del presidente del Gobierno de que la reorientación del gasto público no afectará en ningún caso a sus compromisos en materia de prestaciones sociales resulta difícilmente compatible con un horizonte de expectativas restringidas, en el que las cuentas del Estado entrarán en déficit y en el que se hace tan necesario garantizar el acceso al crédito de las empresas como vincular el trabajo a la productividad.
