CONTROL. Un policía vigila una calle de Nápoles tras los últimos disturbios. / AFP
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Berlusconi sacará 3.000 soldados a la calle para reforzar la seguridad

Los centros para inmigrantes y las embajadas serán vigilados

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Berlusconi sigue alentando la polémica y ajeno a las críticas de la oposición y de los sindicatos, pondrá en marcha nuevas medidas para combatir el crimen y la violencia, uno de los principales compromisos que adoptó durante su campaña electoral. Las calles de las principales ciudades de Italia serán patrulladas a partir del próximo lunes por 3.000 militares. Los ministros del Interior, Roberto Maroni, y de Defensa, Ignazio La Russa, dieron ayer luz verde definitiva a esta disposición, asegurando que será «muy útil para la seguridad».

Unos 2.000 soldados serán desplegados en las zonas que registran índices más elevados de criminalidad. La mitad de éstos supervisarán los centros temporales de permanencia para inmigrantes y sus alrededores. Los mil militares restantes patrullarán las calles.

El mayor despliegue se realizará en las urbes más grandes y consideradas especialmente vulnerables, como Roma, Milán y Nápoles, entre otras.

Los soldados patrullarán junto a las fuerzas de la Policía y vigilarán objetivos sensibles, como embajadas o monumentos, y centros de identificación de inmigrantes ilegales. También ayudarán a resguardar áreas como el Vaticano, la catedral de Milán, las estaciones de trenes y otros potenciales blancos para ataques terroristas.

Maroni explicó en una rueda de prensa junto a La Russa que los 3.000 militares pertenecen al Ejército, la Marina, Carabineros y la Aeronáutica militar. La iniciativa tendrá una validez de seis meses, tras lo que se evaluarán los resultados y se decidirá si se prorrogará otro medio año y la posible extensión a otras ciudades. Para el ministro, el plan de destacar a militares en las ciudades es «una iniciativa útil para la seguridad».

El Partido Demócrata ya censuró la decisión al considerar que se militariza al país. Los sindicatos de Policía también se mostraron críticos y el secretario general del Cosip, Franco Maccari, señaló que los «problemas de la seguridad pública son concretos» y consideró que el empleo del Ejército es «sólo una operación de fachada» que contrasta con el recorte económico para las fuerzas del orden que prevé el Parlamento.

Esta medida se suma a la de declaración del estado de emergencia, decretado la semana pasada, que da a las autoridades más poder para afrontar la inseguridad.

A este respecto, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, aseguró ayer que Italia se arriesga a un agravamiento del clima de xenofobia en el país con su política de inmigración después de los ataques contra gitanos ocurridos en los últimos meses. «Una política de inmigración no puede inspirarse sólo en cuestiones de seguridad», precisó en un comunicado.