Cien conductores han ido a prisión por delitos de tráfico desde diciembre

Son conductores 'multirreincidentes' o que han causado siniestros de «singular» gravedad. No asimilan la cultura de la seguridad vial y su conducta es del todo antisocial. Desde el pasado 2 de diciembre, fecha de entrada en vigor de la reforma penal que endurece los delitos de tráfico, un centenar de conductores ha ingresado en prisión para cumplir condena. La mayoría tenía antecedentes delictivos por otros asuntos y han sido encarcelados tras cometer alguna infracción vial castigada por el actual Código Penal: alta alcoholemia, exceso de velocidad, circular sin carné o conducir con evidente desprecio a la vida, como es el caso de las carreras ilegales.

Pese a la contundencia del dato (cien encarcelados en siete meses, casi uno cada dos días), el porcentaje sobre el total de condenas formuladas es de tan sólo el 0,26%. Una cifra que rompe el mito de que las cárceles se iban a llenar de conductores temerarios, como auguraban algunos expertos en tráfico. Es más, según Instituciones Penitenciarias, a 30 de junio se computaban 1.741 internos por delitos contra la seguridad vial, buena parte de ellos por hechos anteriores a la reforma penal, lo que supone el 0,4% de la población reclusa en España (más de 71.000 presos) salvo Cataluña, que ejerce las competencias de prisiones.

Además de las penas de cárcel, que pueden ir de los seis meses a los cuatro años dependiendo de la gravedad del delito, la Justicia ha dictado en este periodo 26.820 condenas por infracciones viales y se prevé que antes de concluya el año, lleguen a 50.000. Más del 90% de ellas han estado motivadas por conducir bajo los efectos del alcohol (más de 1,2 gramos en litro de sangre), el 4%, por circular sin permiso (la mayoría son hombres y españoles) y el resto, 230 condenas, por exceso de velocidad (más de 200 km/hora en autovía, 180 en carretera convencional y 110 en vía urbana).

«Asociales»

La Fiscalía de Seguridad Vial considera que el «reducido» número de sentencias condenatorias por velocidad es debido a varios motivos. Entre ellos, que los límites establecidos por el Código Penal son «muy altos» y se dan casos de conductores «asociales» que usan medios fraudulentos para evitar los radares, como sustancias vertidas en las matrículas o inhibidores ilegales de radares, «lo que exige reforzar los medios técnicos para hacerles frente», informaban fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía alega que una de la razones de la eficacia de la reforma penal es que el 94% de las sentencias formuladas (25.208) han sido resueltas en juicios rápidos por conformidad, es decir, con el acuerdo entre el fiscal provincial y el abogado defensor. Este pacto sirve para reducir en un tercio las penas impuestas, que suelen quedarse en retirada del permiso de conducir, trabajos en beneficio de la comunidad (conmutados por las penas de prisión) y multa económica.

Las condenas que se tramitan por juicios rápidos y que no son resueltas por conformidad de las partes tardan unas dos semanas en solucionarse, mientras que las diligencias previas que requieren más profundidad probatoria y se cursan por la vía convencional esperan entre seis y diez meses.

Pese al incremento del volumen de trabajo que soportan ahora los juzgados provinciales, el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aseguró ayer que la reforma penal no está produciendo disfunciones y destacó el esfuerzo de jueces y fiscales dado el «sensible» incremento de los juicios urgentes desde el pasado mes de diciembre. En tan sólo siete meses, la mitad de los que se celebran cada día ya corresponden a seguridad vial, apuntó Vargas.

El representante del Ministerio Público valoró la diligencia de la reforma penal, «como revela el número de condenas y su pronta ejecución», y señaló que «sólo queda pendiente» mejorar los medios para cumplir la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, debido a la falta de plazas para los condenados, ya que en muchos casos no se ajustan a su horario laboral.