Opinion

Gobierno hipotecado

La revisión del cuadro macroeconómico por parte del Gobierno, rebajando sus expectativas de crecimiento para 2008 al 1,6% y para 2009 al 1%, coincidió ayer con la publicación de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa que sitúa al paro en el 10,44%, y cuya evolución alcanzará el 12,5% a finales del próximo año según las estimaciones del Ejecutivo. Cádiz, por su parte, encara el verano con 27.800 puestos de trabajos menos que hace un año y la tasa de desempleo se sitúa en el 18,2%. El mismo Gobierno que durante meses ha tratado de instalarse en una percepción voluntarista de lo que ocurría se ha visto obligado a informar la elaboración de los Presupuestos Generales con una clara disposición al ajuste, aunque evitando reconocer el calado de la desaceleración producida en la economía española. Es verdad que la revisión del cuadro macroeconómico español será equiparable a la actualización que en sus estimaciones deberán introducir los demás gobiernos europeos. Como es verdad que se trata de un instrumento de aproximación a la definición de unas cuentas públicas cuyas partidas finales serán el fruto de la negociación parlamentaria. Pero la cotidiana acumulación de evidencias negativas, y la concurrencia de paro, inflación y falta de liquidez financiera, no permiten a los poderes públicos otra respuesta inmediata que la drástica austeridad. La naturaleza global del problema invita al escepticismo respecto a la eventualidad de que algún país europeo o área del mundo actúen a corto plazo como tractores de la recuperación. Lo cual obliga al Gobierno a situarse ante los problemas de la economía española sin esperar a que se vea reactivada desde el exterior.

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Son circunstancias que no permiten augurar que el diálogo social se encamine con facilidad hacia un pacto de rentas a partir de la agenda que se rubrique el próximo martes. Por otra parte, la rebaja de las previsiones económicas impone también al Gobierno la revisión de programas e incluso de leyes de alcance social que fueron ideados en momentos de fuerte crecimiento. Como es lógico pensar que los planes de inversión pública actuales y futuros deberán contar necesariamente con participación privada para que salgan adelante. El ajuste presupuestario dificulta sobremanera tanto el reparto de las disponibilidades financieras entre los distintos ministerios y, sobre todo, el entendimiento con las comunidades autónomas en plena discusión del nuevo modelo de financiación, o con los ayuntamientos, que sufrirán directamente las consecuencias del parón inmobiliario. La negociación de los presupuestos para 2009 se vuelve compleja desde el momento en que el presidente Rodríguez Zapatero parece decidido a prescindir del concurso del PP en materia económica. Ayer el vicepresidente Solbes manifestó que el Ejecutivo necesita seis votos, anunciando que serán bienvenidos vengan de donde vengan. Esa suma, aun muy incierta, podría salvar la votación parlamentaria de los Presupuestos.