Pacto imprescindible

a petición del Gobierno a los grupos parlamentarios para buscar fórmulas por consenso que permitan lograr una mayor rentabilidad del fondo de pensiones constituye una solicitud del todo razonable para dotar de las máximas garantías legales y políticas a una iniciativa que comprometería un capítulo muy delicado de los recursos públicos. La reserva acumulada de 55.200 millones de euros supone un suelo lo suficientemente sólido como para sopesar el modo de extraer un mayor beneficio de esos recursos. Una alternativa cada vez más conveniente a tenor de los nuevos costes que van a implicar factores vinculados a las estrecheces económicas. Pero el paso de recolocar parte del fondo para tratar de obtener ventajas financieras exige un amplio acuerdo de las Cortes a fin de reforzar la legitimidad social de una medida que debería realizarse con toda transparencia.