La posible creación de cuatro impuestos frena el pacto PP-PSOE sobre financiación

Andalucía no podrá exhibir un acuerdo político unánime sobre el modelo de financiación autonómica que defienda en Madrid a causa de la desconfianza entre populares y socialistas sobre tres cuestiones: El PP le ha pedido al PSOE garantías de que no habrá creación o subida de impuestos; que se conservará el dinero de las inversiones estatales no ejecutadas (como pide Cataluña) y que no se reducirá el Fondo de Suficiencia. Pese a ello, los tres partidos con representación parlamentaria lograron un alto grado de consenso durante el debate general que ayer se celebró sobre esta materia en la Cámara autonómica. Los socialistas admitirán la mitad de las 13 propuestas de resolución del PP y 15 de IU.

Antonio Sanz, portavoz del PP, dejó claro que nunca podrían apoyar un sistema que se sustentase en una nueva carga impositiva. Manuel Gracia, en nombre del PSOE, negó que esa posibilidad existiera. La polémica estaba servida. El propio Antonio Sanz y Javier Arenas mostraron a un grupo de periodistas un documento oficial de la Junta -fechado en 2006- en el que reseñaba la posibilidad de crear un espacio impositivo propio que se centraría en cuatro conceptos: agua, ecología, actividades turísticas y ordenación del territorio. «Queremos que nos aseguren que dichos impuestos, u otros, no se van a poner en marcha, porque los andaluces no necesitan pagar más impuestos, sino tener un gobierno más eficaz», destacó Sanz.

José Antonio Griñán, vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, negó que ese documento formase parte de la negociación sobre financiación autonómica. «Si aún no sé qué sistema fiscal va a tener Andalucía, cómo voy a hablar de subida de impuestos», indicó Griñán a este periódico.

Otras fuentes de la Consejería de Economía de la Junta reconocieron la existencia de esta hipótesis de trabajo -surgida en 2006, cuando la situación económica andaluza y nacional era más bollante-, pero insistieron tajantes en que dicha cuestión no aparece como tal en la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno andaluz al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El resto de la sesión plenaria volvió a dejar de manifiesto que PSOE, PP e IU-CA coinciden en las líneas básicas de lo que debe ser la propuesta andaluza sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. La población como base del reparto de fondos del Estado y el Estatuto de Andalucía como garantía de solidaridad e igualdad entre territorios.

El nivel final de acuerdo se conocerá hoy, una vez que se voten las propuestas de resolución que las tres formaciones presentaron ayer.

Entendimiento con IU

El entendimiento entre los socialistas y la coalición de izquierdas es total. Pedro Vaquero, portavoz de IU-CA, justificó este apoyo al Gobierno andaluz en la necesidad de la mejor defensa de los intereses de Andalucía frente al Estado. Vaquero marcó una 'hoja de ruta' a seguir: «Concretar y aplicar lo que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía». Por otro lado, el diputado de IU-CA afirmó que su formación va a apostar como eje del modelo por el Fondo de Suficiencia sea el eje de todo el sistema.

Antonio Sanz no cerró la puerta a un acuerdo 'in extremis'. La votación se produce esta tarde, pero el entendimiento se puede cerrar la semana que viene.

El número dos del PP andaluz glosó en una frase el punto en el que se encuentra esta discusión: «Existe un acuerdo sobre las bases del modelo y los principios, pero hay diferencias claras en la fórmula, desarrollo y aplicación». El portavoz parlamentario del PSOE-A, Manuel Gracia, por su parte, achacó más a la «forma» que al «fondo» la negativa popular.

Coincidencias

Los grupos socialista y popular han planteado hasta un total de ocho propuestas de resolución con contenido coincidente, que hacen mención a que la reforma del sistema de financiación autonómica atenderá, como objetivo exclusivo, a la financiación de los servicios transferidos por el Estado, de manera que estos puedan ser prestados por las comunidades con recursos financieros suficientes que garanticen la igualdad de acceso de todos los ciudadanos vivan donde vivan.

De igual manera, se aboga por que el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades atienda a la población.